Gigantes en el horizonte de la ESO
En este año tan especial en el que se celebra el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, asistimos a la fiera y desigual batalla que un padre de Badajoz –José María Fernández Chavero- mantiene contra molinos de viento, en auxilio del alumnado con discapacidad intelectual que, a día de hoy y porque así lo manda la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), no puede obtener el título oficial de graduado en ESO a pesar de haber llegado hasta 4º curso, debido a las adaptaciones curriculares significativas con que ha cursado la etapa.
Lo de la diversidad funcional, en general, en nuestro país clama al cielo. Por mucho que nos empeñemos en normalizarla en el conjunto de la sociedad y tratemos de que se vea como una característica más de lo diverso que es este mundo, lo cierto es que a veces agota tanta pelea, tanta indiferencia y tanta explicación dada a quien no sabe… y a veces tampoco quiere saber. Cuando no se trata del lenguaje, que menosprecia o claramente insulta (sordomudo para hablar de personas sordas, autista para definir a quien no escucha, retrasado mental o subnormal para el calificativo más procaz, etc., etc.), se trata entonces de ese ninguneo al que somete el Gobierno central, la Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento de turno a quienes tienen que andar día a día protestando porque también tienen derecho a transitar por pasos de peatones adaptados a las sillas de ruedas o a que sus hijos o hijas disfruten de columpios adaptados en los parques infantiles.
La reivindicación de este padre no sólo es legítima, sino necesaria, porque viene a llamar la atención sobre la falta de conciencia –tanto social como estatal- acerca de la diversidad funcional en sus múltiples variantes. Por mi experiencia de trabajo conozco de primera mano el calvario administrativo al que se ven sometidas madres y padres cuando se les diagnostica, por primera vez, la discapacidad de su hija o hijo. En la Comunidad Autónoma de Extremadura no existe, a día de hoy, ningún organismo oficial que coordine y enlace los ámbitos en que se mueve la discapacidad: el sanitario, el educativo y el social. Son las madres y los padres, con el inestimable apoyo de las asociaciones, las encargadas de buscarse las habichuelas para enterarse a dónde deben acudir, con quién deben hablar, a qué puerta deben llamar…, una práctica que, con el tiempo, les vuelve expertos y expertas –más que los mismos profesionales que nos dedicamos a esto- en la adecuada atención que requieren sus hijas e hijos.
Toda esta indiferencia no solo toca la moral de madres y padres, sino también, y gravemente, el bolsillo. Un decreto del año 2006, firmado por el entonces consejero de Sanidad y Consumo y actual presidente de la Junta de Extremadura, regula el procedimiento para el reintegro económico de las ayudas técnicas, aquellos dispositivos y herramientas sin los cuales una persona con discapacidad no podría hacer determinadas tareas o llevar una vida normal. En dicho procedimiento se establece que primero esta persona tiene que hacer el gasto y después solicitar al SES (Servicio Extremeño de Salud) su reintegro mediante presentación de la correspondiente factura. Por poner un ejemplo -real y documentado-, un alumno de primer curso de Primaria con deficiencia auditiva ha de comprar primero los audífonos, cuyo coste oscila entre los 1400 y los 3000 euros -con la correspondiente adaptación audioprotésica, que solo ofrecen las empresas del ramo-, y después solicitar la ayuda. En el caso de que el alumno no pudiera hacer ese gasto inicial, está condenado a asistir a las clases con su sordera… sin paliar. No puede comprar los audífonos porque no tiene dinero, y no tiene dinero para comprarlos porque la ayuda no se le concede si antes no hace el gasto. Del asunto del implante coclear mejor ni les cuento.
La reivindicación de José María abre un camino hasta la fecha lleno de obstáculos por el que también tienen derecho a circular, sin tales barreras, los alumnos y alumnas con discapacidad intelectual. Si alguno de ellos o de ellas ha conseguido llegar hasta 4º de la ESO, con sus adaptaciones curriculares significativas, merece recibir un título que le reconozca el esfuerzo y los méritos asociados, así como una oferta adecuada a sus capacidades, más allá de la Formación Profesional Básica. Si no –y como me recordaba una compañera- tal vez deberíamos decirles a esos padres y madres que lo que hemos hecho con sus hijos hasta este momento ha sido tenerlos recogidos porque el sistema obligaba a su escolarización, y que a partir de ahora deben encerrarlos en sus casas porque eso ya no es cosa del sistema.
Ojalá este padre consiga cambiar esta ley injusta y todos se lo podamos agradecer. Por el momento, ya cuenta con el incondicional apoyo de asociaciones y particulares encantadas de acompañarle como fieles escuderos en esta singular y esforzada aventura, sin duda la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros.
