El Gobierno central irá a los tribunales si se aprueba la Ley contra la Exclusión Social, avisa el PP
El Partido Popular ha advertido este jueves que el Gobierno central plantearía un recurso de inconstitucionalidad ante la Ley de Exclusión Social que ha empezado a debatirse en la Asamblea de Extremadura, una normativa que admitirá enmiendas de la oposición aunque se tramite con carácter de urgencia según han decidido por unanimidad los cuatro grupos políticos.
El texto tiene cinco apartados principales: dar una tarjeta sanitaria solo válida dentro de Extremadura para los inmigrantes, reformar la renta básica y también las ayudas sociales de emergencia, cambiar el procedimiento de subvenciones contra la pobreza energética, y modificar la política social de viviendas.
En este último apartado de vivienda se contempla subvencionar el alquiler de familias desahuciadas por los bancos y despenalizar la ocupación ilegal de viviendas sociales en el sentido de no excluir de las listas de solicitudes a quienes lo hagan bajo ciertas condiciones.
La tramitación con enmiendas y por vía de urgencia ha sido aceptada por PSOE-Siex, PP, Cs y Podemos, aunque estos últimos con más reservas.
El consejero de Sanidad y Política Social, José María Vergeles, que ha hecho la presentación del proyecto, dice que está justificado por los datos de pobreza, riesgo de exclusión social, carencia material severa y números de hogares con escasa intensidad de trabajo, y que para que prevalezca en el tiempo la Junta ha pedido, aunque no era necesario, el dictamen jurídico del Consejo de Estado.
Un dictamen que advierte de posible inconstitucionalidad tanto en la asignación de tarjeta sanitaria a los simpapeles como en las medidas contra la pobreza energética. Después de pensárselo la Junta ha decidido seguir adelante por razones de salud pública y existencia de leyes que habilitan para ello.
El 80% no tiene el bono social
En pobreza energética (ayudas a mínimos vitales de luz y agua) un informe de Sevillana Endesa demuestra según Vergeles que un 80% de hogares extremeños en estado de necesidad no gozan del bono social de electricidad existente en España, y esta Ley contra la Exclusión Social daría a la Junta mecanismos para obligar a las compañías eléctricas a concederlo.
Además cambiaría un mecanismo que ha fallado, el de dar dinero a los ayuntamientos y que estos los distribuyan entre las familias; ahora será un convenio directo Junta-compañías por el que la Administración conocería los preavisos de corte de suministro, y además podría subvencionar otros componentes del recibo además del consumo.
Esta ley contra la Exclusión Social, explica el consejero Vergeles, se completará en el futuro con otras de Emergencia Social de la Vivienda, y Blindaje de la Sanidad.
“Decretazo” con los días contados
El diputado popular Sánchez Juliá ha advertido que la Junta no tiene competencias para legislar en ciertos aspectos del “decretazo”, y que esos apartados de la ley “tienen los días contados hasta que el Gobierno tome cartas en el asunto”. En su opinión el PSOE quiere hacer campaña electoral con este texto en el sentido de “yo lo intenté pero con el no rotundo de la oposición no me dejaron”.
El consejero Vergeles no cree por el contrario que un Gobierno en funciones como el de Rajoy presente un recurso de inconstitucionalidad, entre otras cosas porque tendría que reconocer que las familias en estado de necesidad no tienen cubiertos sus mínimos vitales.
El silencio positivo introducido en la concesión de la renta básica sería según los populares “una burla” porque una vez producido la Junta se reserva el derecho, sin plazo alguno, de revisarlo, y además la nueva regulación elimina según Juliá el pago retroactivo.
El texto propuesto por el Ejecutivo de Fernández Vara permite a una familia ocupar una vivienda social si ha pedido una hace más de tres meses y aun teniendo derecho a ello llega a una situación de necesidad sin que se la den; esa ocupación ilegal no les excluiría, a diferencia de lo que pasa ahora, de la lista.
“¿Qué van a pensar las familias que esperan y ven que otras las ocupan?”, protesta el popular Juliá. Debe protegerse a quienes cumplen los procedimientos: “Usted señor Vergeles acaba de poner carteles de ‘patee aquí’ en todas las viviendas sociales de la Junta”.
Hay que respetar, pero también legislar
Ese punto es también el más criticado por Ciudadanos. La patada en la puerta “va a tener recompensa, ¿y los que cumplan la ley y la lista de espera qué?”. El estado de necesidad nunca puede estar por encima de cumplir la ley, reprocha Victoria Domínguez.
Entre Pinto y Valdemoro, la diputada placentina plantea que no es bueno desobedecer al consejo Estado, pero a la vez sí lo es ejercer la autonomía política desde Extremadura hasta sus últimas consecuencias.
Podemos sigue sin fiarse
El diputado de Podemos Daniel Hierro, radical en lo social, cree que el PSOE entró en la Junta con mucha voluntad, promete y se compromete “pero doce meses después no cumple”. Por ejemplo hay 3.400 rentas básicas aprobadas antes de octubre y sin pagar, algo que ha sido admitido por el consejero Vergeles, que responde que ya están hechos los mandamientos de pago y cobrarán “en mayo o junio”.
Por todo eso los de Podemos no creen en la sinceridad de este nuevo intento con la renta básica, y proponen que no se paguen los medicamentos a la industria farmacéutica, “que tienen mucho dinero y pueden aguantar”, antes que dejar de abonar la renta básica.
Los morados están dispuestos a enmendar para mejorar esta Ley contra la Exclusión Social pero si dentro de seis meses la situación no cambia “lo vamos a denunciar”.
