Ilegalidad recalcitrante
El Tribunal Superior de Extremadura le ha tenido que decir al presidente Monago, por tercera vez, que la convocatoria de las oposiciones de personal laboral es ilegal mientras no resuelva antes el turno de promoción interna, tal y como establece el convenio. La irresponsabilidad del Gobierno regional y su insistencia en seguir metiendo la pata en este tema coloca a miles de opositores y empleados públicos en una zozobra de la que no salen desde hace meses, cuando el camino más sencillo es simplemente cumplir la ley y lo pactado, que es lo que viene pidiendo CCOO desde el principio.
¿Hay que volver a recordar que uno de los principios de la democracia es la división de poderes y que la ley hay que cumplirla y con más razones quien debería dar ejemplo porque representa a la comunidad autónoma?
El caso de las oposiciones de personal laboral de la Junta de Extremadura es una exhibición de falta de madera democrática de nuestro GOBEX. Primero porque mezcla al Presidente de Extremadura con el presidente del PP, al gobierno con la administración, a los consejos consultivos con asesorías propias y así les va.
El presidente mezcla cuando hace propaganda electoral desde la presidencia (mujeres de la posguerra), cuando mueve peones de Consejería a Consejo Consultivo y de Consejo Consultivo a Consejería y cuando le exige un dictamen favorable al Consejo Consultivo en un par de horas. Cuando los procesos administrativos (como estas oposiciones) se programan con calendario electoral en lugar de calendario legal. Para eso dispone de marionetas, Checa y Batalla, para eso crea Consejerías de propaganda que pagamos con nuestros impuestos.
Se les dijo que era ilegal lo que hacían, que vulneraba derechos de movilidad y promoción de miles de personas (14.000) que trabajan en la administración pública. Así lo confirmó el Tribunal superior de Extremadura y paralizó el proceso, pero el Consejero Checa (antes Consultivo) y el Presidente del Consejo Consultivo Batalla (antes Consejería), dijeron que no había problemas, que ellos “garantizaban” y como le gusta decir a nuestro presi: “palante”. Y en lugar de reconocer el error culpan a quienes denuncian la ilegalidad de estar obstaculizando las oposiciones.
Ante el nuevo recurso, el Tribunal Superior vuelve a decirles que no, que lo están haciendo mal. Volver con la matraca de que van a hacer una oferta equivalente es una respuesta terca e ilegal, es no aceptar una sentencia judicial.
Se puede meter una vez la pata, errar es humano, pero cuando ya se ha advertido reiteradamente por la autoridad competente que imparte la justicia, un gobernante que se precie tiene que acatar, tiene que cumplir la ley. Ser recalcitrante en el error es de torpes, la reiteración en el incumplimiento de la ley agrava la culpabilidad, cuando se hace desde la política la devalúa, cuando es desde la máxima responsabilidad de gobierno: inhabilita. Ya está bien ¡déjense de embrollos y cumplan la ley!
