La Junta dejaría de pagar por IBI 2,3 millones en 13 hospitales y 109 centros
La Junta de Extremadura dejará de abonar 2,3 millones de euros anuales a los ayuntamientos si finalmente se aprueba la exención del impuesto de bienes inmuebles (IBI) a los edificios sanitarios, lo que afectaría a 13 hospitales y 109 centros sanitarios de la Comunidad Autónoma.
La secretaria general de Hacienda y Administración Pública, María Ascensión Murillo, ha ofrecido esta cifra en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura, en la que hoy ha respondido a una pregunta del PP sobre cuantificación de esta exención y los mecanismos de compensación a los municipios afectados.
Respecto a esta última, ha recordado que se hará mediante una mejora del sistema sanitario, lo que beneficiará a todos los extremeños, y a través también de la reposición de los celadores de las urgencias rurales, que fueron eliminados la pasada legislatura.
La exención del IBI sanitario es una de las medidas contempladas en el anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Patrimoniales, Financieras y Administrativas -que en la actualidad se encuentra en el Consejo de Estado- a través de la consideración de los edificios sanitarios como servicios educativos, con lo que estarían eximidos del abono de este tributo.
Según ha explicado el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón, supone regresar a la situación de 2008, cuando el Ejecutivo “burló” sus obligaciones fiscales al aprobar la Ley de Patrimonio con una disposición adicional en la que se establecía la consideración de centros educativos para aquellos centros sanitarios en los que se imparta formación profesional.
El anterior Gobierno del PP revirtió esa situación y ahora se pretende volver a ella pese a que “va contra derecho y daña la autonomía fiscal que el Estado otorga a las corporaciones locales”, ha aseverado el parlamentario, que ha instado a la Junta a sentarse con los ayuntamientos para “hablar” y “pactar”.
Asimismo, ha alegado que existe un informe emitido en 2011 por la Dirección General de Tributos del entonces Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero contrario a esta medida, así como otro del Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación de Badajoz y pronunciamientos de cargos socialistas también en su contra.
También a favor
Ascensión Murillo le ha respondido que existe legislación en contra de esta medida, pero también a favor.
Ha mencionado la Ley de Haciendas Locales, la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Educativo y la Ley de Ordenación de las Profesionales Sanitarias, donde se estipula “que se pondrán a disposición todos los centros e instalaciones sanitarias para la obtención de los títulos que están regulados en esta ley”.
Durante su intervención, ha argumentado que bajo esta decisión subyacen dos realidades, la financiación de los ayuntamientos y la del sistema sanitario y, sobre este última, ha apelado a la “solidaridad” y “cooperación” de todas las administraciones una vez que con el Gobierno nacional en funciones “ha sido imposible”.
A su juicio se trata también de una cuestión de “justicia social” con todos los ayuntamientos extremeños, incluidos aquellos que no se han visto beneficiados de la instalación en sus municipios de centros sanitarios.
Sin embargo, Hernández Carrón le ha replicado que, de llevarse a efecto, supondrá una “puñalada” a la economía de los ayuntamientos dado que, por ejemplo, el de Mérida dejará de ingresar 126.000 euros anuales, el de Don Benito más de 56.000, el de Llerena 72.000 o el de Almendralejo más de 50.000 euros.
Por contra, ha abogado por buscar recursos para financiar la sanidad en el marco de la próxima negociación del sistema de financiación autonómica.
