La Junta alega contra el informe nacional de financiación autonómica
La Junta presentará alegaciones al informe del Comité Técnico sobre el sistema de financiación autonómica, para que estén presentes los principios de solidaridad y de lealtad institucional, y que se tengan en cuentan criterios de dispersión y envejecimiento en la prestación de servicios públicos.
Así lo ha asegurado la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, tras reunirse este lunes con los grupos parlamentarios para tratar el informe del Comité Técnico Permanente de Evaluación sobre aspectos estructurales del sistema de financiación autonómica.
La consejera cree que cuenta con el respaldo de los grupos a las alegaciones que presentará la Junta y considera que “sería preocupante” que no lo hicieran, pues responden a la posición que se ha mantenido durante toda la legislatura desde la base de “un trabajo con criterios técnicos, expertos independientes y voluntad de diálogo, consenso y transparencia”.
En cuanto al contenido del informe remitido a las comunidades por el Gobierno central, ha señalado que deja “demasiadas cuestiones abiertas” y que se orientan para su debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se debería “convocar la semana que empieza el 11 de junio”, con las que no están de acuerdo.
En este sentido, ha recalcado que hay un principio “que tiene que estar siempre presente” y que, sin embargo, “no aparece en el documento, que es el principio de solidaridad”.
Servicios públicos
La Junta tampoco comparte que se hable del sistema de financiación “sin dejar muy claro” que se está hablando de la financiación de los servicios que las administraciones prestan a los ciudadanos.
Así, ha rechazado los planteamientos que establecen “una distinción” entre servicios públicos fundamentales, en los que se utiliza “el criterio de población ajustada en función de la dispersión y del envejecimiento”, y no fundamentales, en los que se usa como criterio el de “la población en términos demográficos sin atender ni al gasto real de los servicios públicos ni a condiciones demográficas o geopolíticas”.
A este respecto, desde el Ejecutivo extremeño han defendido siempre la necesidad de “recursos suficientes y homogéneos” para todas las competencias de las comunidades autónomas.
La consejera ha añadido que no les gustan planteamientos respecto a la posibilidad de ceder determinados tributos en mayor cuantía, sea IRPF o IVA, ni el “peso excesivo que en este informe se concede a impuestos indirectos”.
Tampoco la “velada referencia a la finalización del status quo”, financiación que reciben ahora las comunidades, ya que Extremadura no admitirá ninguna reordenación que sea para recibir menos de lo que percibe.
Además, la consejera ha tildado de “inadmisible” que “no se articule el principio de lealtad institucional” del Estado con las comunidades autónomas y de éstas entre sí, que requería “un pronunciamiento respecto a la armonización técnica de los impuestos para evitar la competencia fiscal a la baja entre comunidades”.
Como también le parece “inadmisible” que “se computen fondos europeos como parte del sistema de financiación”, cuando estos fondos proceden de otras instancias y están orientados a la política de cohesión y de desarrollo.
Todas estas cuestiones centran las alegaciones que presentará la Junta a dicho informe, para lo que tiene de plazo hasta mañana a las 11:00 horas.
