La Junta ha salvado 1.000 millones de euros por la sentencia favorable de la ecotasa

La Hacienda autonómica ha salvado 1.000 millones de euros gracias a la reciente sentencia de 31 de octubre pasado, del Tribunal Constitucional, a favor de la ecotasa extremeña, el Impuesto sobre Instalaciones que Incidan en el Medio Ambiente, en siglas IIMA.

Las compañías eléctricas, que pagan por la producción y transporte de esta energía, confiaban en recuperar 670 millones de euros abonados durante ocho años, entre 2010 y 2017, una suma descomunal que con los intereses legales se habría acercado a los 1.000 millones de euros.

Así lo ha evaluado la Hacienda regional por medio de su consejera y también vicepresidenta de la Junta, Pilar Blanco-Morales, con motivo del debate sobre el proyecto de ley de presupuestos de Extremadura 2019.

La bendición legal final a la ecotasa llega después de 11 años, tras dos sentencias desfavorables en el Tribunal Constitucional, dos reformas legales, una negociación con el Gobierno central, y devoluciones a las eléctricas por los citados fallos judiciales, un descomunal embrollo legal relacionado principalmente con la ley de financiación de las comunidades autónomas (Lofca) que prohibía la doble tributación por el mismo hecho, y principalmente ha sido objeto de deliberación y fallo del Constitucional si era un impuesto coincidente con el municipal de actividades económicas (IAE).

Para la consejera Blanco-Morales, al PP le ha “dolido” que el Tribunal Constitucional, en una batalla “en la que nunca dimos un paso atrás, si bien, siempre contamos con su oposición, con la oposición del Partido Popular, aquí y cuando gobernaba en Madrid”, permita que se pueda contar con más de 1.000 millones de euros de ingresos tributarios, por un impuesto propio.

Este tributo fue creado en 1997 y recurrido por el Gobierno de José María Aznar al Constitucional, pero en 2005 la Junta llegó a un acuerdo con el nuevo Ejecutivo de Rodríguez Zapatero para modificarlo, cosa que hizo la Asamblea de Extremadura en 2006.

Sin embargo el Constitucional, al que habían llegado también las reclamaciones de las empresas, falló en contra, anulando el impuesto entre 1997 y 2005, y siguió cobrándose hasta que en 2015 volvió a anularlo por nuevas denuncias privadas y doble tributación en referencia a la ley de financiación autonómica Lofca, pero esa anulación solo surtía efecto en los ejercicios 2006-2009 ya que en 2010 cambió la Lofca y Extremadura se adaptó a ella en 2012 modificando otra vez el impuesto.

La reciente sentencia del Constitucional de octubre ha confirmado su validez desde 2010 para acá.

La Junta ha salvado por tanto 1.000 millones de euros y para el ejercicio próximo prevé una recaudación de 98,5 millones.

Valdecañas

La Hacienda regional no obstante vive en vilo un segundo problema como es la sentencia firme que obliga a derribar y devolver a su estado original la isla del pantano de Valdecañas donde se construyó, ilegalmente según los jueces, una urbanización de lujo; la principal responsable económica sería la Administración regional que fue la que legalmente no hizo las cosas bien.

Actualmente se está realizando un informe-peritaje sobre la posibilidad y forma de cumplir la sentencia y lo que afectaría a la zona, sobre cuyos valores naturales y utilidad social (empleo y riqueza en la comarca) antes y después de la urbanización hay discrepancias. Las organizaciones ecologistas, ganadoras de la sentencia, no admiten otra vía que el derribo.