El concurso de traslado de miles de funcionarios de la Junta sigue en el aire tras 7 años de espera
La última convocatoria de traslado en los puestos de base y estructura (ascensos por puntuación, jefaturas) es de 2008. Desde entonces el concurso traslado de los funcionarios de la Junta de Extremadura está congelado. Los plazos que marcan la ley expiraron hace años, y la situación es motivo de enfado para todos aquellos que a diario se ponen en ruta y recorren decenas de kilómetros desde sus localidades para trabajar.
Son miles los afecados. No protestan por el hecho de desplazarse, sino porque entienden que hay otras tantas plazas en su propia localidad a la que podrían optar, y que ahora están ocupadas en comisiones de servicios de manera interina. Tras años de reclamaciones se hizo una convocatoria, pero la situación sigue congelada.
Todos los sindicatos coinciden en que el concurso traslado es una medida completamente reglada, que tendría que ejecutarse regularmente, y que sin embargo permanece paralizada, sin más. Y en realidad no entienden el motivo, porque las plazas están igualmente cubiertas, aunque por interinidades.
Hay personas en comisión de servicio que han sobrepasado los límites legales temporales, y sin embargo el proceso sigue congelado, lo que lleva precisamente a algunas voces a cuestionarse si en algunos casos el motivo puede ser no mover de silla a algunos trabajadores.
Lo cierto es que la demora dificulta las decisiones personales de estos trabajadores, planificación familiar y personal, desplazamientos y alquileres. Marisol Salazar, de CCOO explica que la convocatoria de traslado de base fue convocada tras mucha insistencia en 2013, y la de estructura en 2014, y desde entonces no ha habido noticias ni fechas.
Denuncia el colapso que se ha generado, ante la ausencia de oferta de empleo público, la ausencia del concurso y el mantenimiento durante años de trabajadores que ocupan de manera interina esas plazas.
Está parado
UGT, otro de los sindicatos que ha reclamado de manera reiterada la resolución de la convocatoria, lamenta que no solo ha habido más de un año de plazo en la convocatoria de ambas convocatorias, sino que ahora el proceso sigue paralizado.
Críticas también desde SGTEX, que reprocha a la administración el “grave perjuicio” que está causando a los funcionarios. Entiende que no hay ninguna razón que justifique este “atropello” a los empleados públicos, y en particular a aquellos que dependen de la Administración general.
Solicita que se expliquen tanto las razones que sustentan este retraso como el previsible calendario de convocatoria. Además ha solicitado mediante escrito a la Consejera de Hacienda y Administración Pública que se haga pública una relación de todas aquellas plazas de funcionarios del ámbito de la Administración general que se encuentran en la actualidad ocupadas por personal en comisión de servicios.
Lo hace según dice como un gesto de transparencia en asuntos de la administración autonómica y como cumplimiento de una de las medidas a la que se comprometió el actual Presidente de la Junta de Extremadura en la pasada campaña electoral.
Por parte de C-SIF, Juan José Samino comenta que ha habido diferentes factores que han hecho que el proceso se alargue, entre los que destaca los cambios de gobierno, algo que afecta de manera inevitable. También es cierto que al haber pasado tanto tiempo todo el proceso será ahora más costoso y la revisión de toda la documentación, de los cursos y de los justificantes que presenta cada solicitante ha crecido, y por lo tanto será más costoso el baremo.
