Extremadura elimina la prohibición de modificar sus planes urbanísticos en 266 municipios para construir viviendas

La Junta de Extremadura ha aprobado un decreto ley de simplifación urbanística, que entre otras medidas elimina la prohibición legal que tenían 266 municipios para poder su modificar su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y evitar que “puedan truncarse” posibles iniciativas de promoción de viviendas.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, ha explicado que el objetivo de “dar un paso más” en el proceso para facilitar el acceso a una vivienda, que afecta no solo a los núcleos urbanos, sino a los rurales.

Este decreto incluye la modificación de varios artículos de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible (LOTUS) y pretende facilitar y agilizar trámites para la construcción de vivienda protegida y evitar que el urbanismo “sea un freno” para el crecimiento y desarrollo de los municipios extremeños. Entre las medias que incluye el decreto ley, el consejero ha citado la simplificación de la aprobación del planeamiento municipal, reducción de los plazos de información pública para tramitar planes municipales de 45 días a un mes cuando no precise evaluación ambiental. ordinaria.

También prevé la reducción de tres a dos los acuerdos plenarios municipales necesarios para la aprobación de las modificaciones de ordenación detallada y la cesión gratuita de suelo público para la construcción de vivienda protegida y la flexibilización del uso de suelo para viviendas sociales, así como sustituir la licencia de ocupación o utilización por una declaración responsable o comunicación previa.

En esta líneas, Martín Castizo ha explicado que el Consejo de Gobierno también ha abordado este lunes el pronunciamiento previo del proyecto de decreto de simplificación administrativa en materia de vivienda protegida, que complementa al decreto aprobado y que busca reducir trámites innecesarios que ralentizan.

Entre estas medidas figuran la unificación del plazo de protección en 20 años, reduce la necesidad de solicitar trámites como el tanteo y retracto por parte de la Junta, que nunca han sido ejercidos desde su implantación y se simplifica el visado de compraventa, entre otras.