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La Junta tiene que invertir 40 millones adicionales en educación para reponer al profesorado expulsado con Monago

CSIF sigue siendo el sindicato más representado en la educación aragonesa

Jesús Conde

Las plazas que han ido quedando libres no se han cubierto, y como resultado, menos contratación. Las oposiciones, congeladas durante cinco años, en Secundaria, y cuatro en Primaria.

El panorama que se encuentra el nuevo Ejecutivo de la Junta de Extremadura es complejo. Entre 1.000 y 1.300 profesores han sido expulsados del sistema educativo en los últimos cuatro años, al no sustituir al personal, de manera que estas plazas han quedado amortizadas. Algunos sindicatos duplican esta cifra.

Fuentes del PSOE extremeño han confirmado a este diario que el objetivo de Vara sería reponer de manera progresiva el déficit de personal, a lo largo de la legislatura.

A cuadrar cuentas

Lo cierto es que, en caso de que sea así, lo que harían los socialistas sería volver al punto de partida en el que se encontraba el sistema educativo extremeño. Es decir, cubrir las necesidades, la plantilla orgánica para funcionar.

El salario base de un profesor de Primaria al año puede ser de unos 30.000 euros, y el gasto en Secundaria, de unos 40.000 (sin contar trienios, y antigüedad).

Si es necesario incorporar más de un millar de docentes, las cifras indican que el Gobierno de Vara tendrá que invertir 40 millones de euros adicionales.

¿Cuánto gasta la Junta en educación en la actualidad?

El capítulo del pago a profesores, dependiente de la Dirección General de Personal, contempla (sin incluir a los labores), una dotación de 241 millones para Primaria; más otros 252 de gastos en Secundaria (institutos y Formación Profesional). Además, otros 35 millones en Educación Especial, enseñanzas artísticas y escuelas de idiomas; junto a 13 millones para a educación de adultos.

Si sumamos estas cifras obtenemos unos 540 millones en 2015, lo que supone un recorte del 2,49 por ciento menos que la inversión del año anterior, según los propios datos que maneja esta dirección general.

A estas cifras habría que sumarles por tanto los 40 millones adicionales. A finales de 2019, el reto educativo estaría en alcanzar una inversión cercana a los 600 millones para la educación pública.

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