La Junta ejecuta 28 desahucios en viviendas con el protocolo de consulta a movimientos sociales
Insiste en que la mayoría de los desahucios se han ejecutado sobre viviendas sociales que estaban deshabitadas. Pone como ejemplo a una casa en Cáceres, sin ocupar y destinada al cultivo de marihuana y almacén de armas.
La secretaria general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, Isabel Moreno, ha informado de que se han ejecutado 28 desahucios sobre viviendas sociales desde que entró en marcha el protocolo de consulta con los movimientos sociales, a quienes se traslada en una mesa los casos que se van a levar a cabo.
En su intervención en comisión parlamentaria ha asegurado que no se han echado a familias a la calle, sino recuperado viviendas. Indica la secretaria que con aquellas familias que no pueden pagar se está intentando hacer regulaciones.
Una de las cuestiones que ha transmitido es que el protocolo no incluye mecanismos para erradicar los desahucios en la región, porque están pensado solo para informar de los lanzamientos que “necesariamente han de llevarse a efectos sobre el parque de viviendas de promoción pública”. Para intentar erradicar los desahucios en aquellos que no puedan pagar, “que es el compromiso del presidente Vara, pondremos en marcha el servicio de intermediación bancaria. Es importante no confundir un instrumento de transparencia con otra cosa”.
Desmiente igualmente la cifra aportada por Podemos, de 28.000 solicitantes de vivienda social, porque esta cifra según ha explicado suma el cómputo de la vivienda protegida (Viviendas de VPO, de autopromoción, o el Plan 60.000, junto con los solicitantes de vivienda social). Otra de las cuestiones que ha desmentido es que haya una descoordinación entre la Junta y la Delegación del Gobierno.
“Las medidas no son suficientes”
Por parte de Podemos, el diputado Daniel Hierro ha trasladado a la Junta que las medidas de construcción de nueva vivienda, de negociaciones con la Sareb o el recibo o el plan de ayudas al alquiler no son suficientes para solucionar un problema de una magnitud enorme.
“Se ha renunciado a hacer un plan ambicioso, la Junta ha optado por intentar paliar de una manera muy poco convincente para muchas familias que se van a quedar fuera de los diferentes planes puestos en marcha”.
Apunta que aquellas familias a las que se les pide que abandonen viviendas ocupadas no están teniendo una regularización, sino que se está reclamando que salgan “para entrar en una bolsa de solicitantes de vivienda social, y creemos que no van a ser las primeras en recibir esa vivienda”.
El diputado de la formación morada piensa que los problemas de conductas antisociales están relacionados con el paro y la cronificación de la pobreza de la mano de familias trabajadoras que han optado por el 'trapicheo' u otras fórmulas para subsistir ante una falta de alternativa. Una de las cuestiones que ha reprochado al PSOE es que según afirma haya optado a lo largo de los años por una “política de creación de ‘ghettos’ que el abordaje del problema”.
“La mesa no contribuye a nada”
Por parte del PP el diputado López Marrollo afirma que el protocolo “no contribuye a nada, tampoco a erradicar los desahucios”, así como que las mesas de trabajo municipal del protocolo están vacías de contenido.
Dice que están de acuerdo con que nadie que no pueda pagar acabe en la calle, “pero nunca nos va a encontrar e intentar justificar que la mesa de seguimiento y control permita que haya inquilinos con viviendas adjudicadas que no hagan uso de las mismas, con conductas asociales denunciadas o que haya viviendas ocupadas ilegalmente”.
Por parte de los socialistas, la diputada Ana Belén Fernández González valora la existencia de una mesa de trabajo en la que se sientan las plataformas de afectados la administración local y la propia comisión de la asamblea.
Hace hincapié en que existe una gran preocupación los desahucios desde la Junta, “y sabemos que es una prioridad” intentar minimizarlos. Dice que si algunas cosas no se han puesto en marcha aún ha sido por la falta de presupuestos. Todos los recursos de la administración es la búsqueda de soluciones habitacionales de familias, y el protocolo este es dar información, máxima transparencia en su gestión.
