Nuevo decreto para combatir la oleada de robos en el campo de la pasada temporada

No se pueden poner puertas al campo, pero si controlar el origen de la mercancía. Si no hay comprador del producto robado, no hay robo.

Este es el mensaje que llevan meses repitiendo las organizaciones agrarias y que ahora coge forma en un nuevo decreto. Busca controlar la trazabilidad y el origen del producto como fórmula frente a los robos.

El nuevo decreto extremeño aprobado en Consejo de Gobierno marca como obligatorio acreditar el origen del producto e incluir el destino final, un documento que hasta ahora era voluntario.

Tras la oleada de robos de la pasada temporada el Ejecutivo desea respaldar a los agricultores y agricultoras, así como garantizar la seguridad alimentaria de los usuarios. Habrá una estrecha colaboración entre las administraciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, según destacó la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña.

Una temporada ‘negra’

Los robos siempre han formado parte del mundo rural, pero en la pasada temporada fueron especialmente agresivos. Había varios factores que explicaban un aumento tan sustancial, entre ellos un precio de la cotización de la aceituna superior. También que los olivos estuvieran más cargados y fuera más fácil llevárselos.

Había ataques que superaban los 3.000 kilos de aceituna. Además de expoliar el trabajo de un año entero se hipotecaba al árbol para las siguientes temporadas ante los daños que se les causa en las rondas ilegales.

Motivo por el que dejó de ser un simple robo, para convertirse en algo que ponía en peligro la seguridad tanto de los agricultores como de los usurpadores ante la crispación que comenzó a generarse.

Así lo explica Antonio Prieto, de UPA-UCE Extremadura, que espera que la medida mitigue en parte los robos tras una temporada muy “complicada”. Desde la organización advierten que ahora hay que materializar el contenido del decreto, y todas las partes deben asumir su compromiso. Desde el agricultor hasta el puesto de compra, desde los ayuntamientos hasta la Delegación del Gobierno.

Son los ayuntamientos los que una vez autorizados los diferentes puestos de compra tienen que dar la información a Agricultura, y a partir de ahí toca hacer las inspecciones. Un proceso que tiene que comenzar a rodar y para el que permanecerán expectantes según dice.

Cooperativas Agroalimentarias es una de las organizaciones que presentó alegaciones al borrador del decreto. Destaca que la vigilancia de los puestos de compra como elemento base frente a los robos, cumpliendo la trazabilidad.

Una de las cuestiones que alegaron se refiere a la documentación que tienen que rellenar los agricultores, y que a su juicio no puede convertirse en una maraña burocrática con datos excesivos. Ante ello apuntan a los formularios similares que ya se rellenan en la cooperativa, y que tienen que ser el modelo a seguir según entienden.