El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno contra la ley extremeña de exclusión social
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad impulsado por el Gobierno central contra varios preceptos de la Ley de Extremadura de medidas extraordinarias contra la exclusión social. La norma fue aprobada en la Asamblea en julio de 2016 con los votos favorables de PSOE y Podemos.
La admisión a trámite, que conlleva la suspensión cautelar, no supone un anticipo alguno del pronunciamiento sobre el fondo del recurso, sobre el que el Tribunal resolverá en próximas fechas, según información facilitada por el TC. El recurso solo suspendería la universalización de la sanidad y que la renta básica no sea embargable.
El Tribuna ha acordado dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como a la Junta de Extremadura y a la Asamblea de esta comunidad autónoma, que dispondrán de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.
El recurso
El pasado 21 de abril, el Consejo de Ministros aprobó recurrir ante determinados preceptos de la Ley de Exclusión Social de Extremadura por considerar que invade las competencias estatales y que conduce a “cuartear” la unidad del territorio nacional.
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, dio cuenta de esta autorización a recurrir la ley extremeña, aprobada en julio del año pasado por la Asamblea regional. Argumentó que algunos artículos de la normativa extremeña son “una intromisión” en las competencias del Estado, que afectan tanto al contenido de la misma como a la “inembargabilidad de ayudas económicas extraordinarias de apoyo social”.
A finales del año pasado la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Extremadura decidió iniciar conversaciones para resolver algunas “discrepancias” sobre esta ley en relación con la atención sanitaria a extranjeros que no sean beneficiarios del Sistema Nacional de Salud y la universalización de la atención sanitaria. También hay diferencias en lo referente a las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias que prevé la normativa autonómica.
La ley, que salió adelante con los votos a favor del PSOE y Podemos, y la abstención del PP y Ciudadanos, incluyó destinar 86 millones para la renta básica, 12 para mínimos vitales y 3 para la contingencia, progresivamente en dos ejercicios presupuestarios.
