El PP acusará de fraude a CCOO, se le pasó el plazo para hacerlo contra la patronal y UGT

El PP de Extremadura se personará como acusación popular en el procedimiento que mantiene el Juzgado de lo Penal de Mérida contra CCOO por un supuesto delito de desvío de fondos públicos en los cursos de formación de los trabajadores ocupados, un proceso judicial que atañe al año 2011 y se amplía a 2012.

Así lo ha dicho en Mérida, en el transcurso de una rueda de prensa, la portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, María Ángeles Muñoz, que ha analizado los procesos penal y contencioso-administrativo que se siguen contra CCOO, UGT y la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEx) por supuestos fraudes en la gestión de fondos públicos; Muñoz fue la consejera de Empleo en el Gobierno de José Antonio Monago que llevó el caso a los tribunales.

Muñoz ha explicado que la personación en el proceso penal contra CCOO se hace “por una cuestión de plazos” y que no se efectúa en los de UGT y la CREEx ya que están fuera de plazo.

Ha recordado que en 2011 los fondos públicos dedicados a la subvención a esos cursos de formación fueron unos siete millones de euros y que lo supuestamente defraudado asciende a más de tres millones.

El Sexpe encontró “irregularidades”

En 2015 el Servicio Público Extremeño de Empleo (SEXPE) hizo el primer control de los cursos de 2011 ampliado a 2012 y detectó “irregularidades susceptibles de delito” que fueron comunicadas a la Fiscalía.

“Hubo una falta de justificación de importantes cantidades de dinero, esto durante plena crisis económica”, asegura la ex consejera de Empleo.

El Juzgado de lo Penal de Mérida mantiene abiertos procedimientos contra CCOO, UGT y la CREEx por supuestos delitos de fraude en el uso de recursos públicos, afirma, y por otro lado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dictado sentencias contencioso-administrativas en las que obliga a la CREEx a devolver a las arcas públicas casi 310.000 euros por los cursos efectuados en 2012 y una cantidad, que el PP desconoce, a CCOO.

Una tras otra, ha subrayado, las sentencias dan la razón al anterior Gobierno regional, por ejemplo una de 2017 que dijo que CCOO tenía que devolver subvenciones y otra de enero de este año que señalaba que la CREEx tampoco justificaba los costes.