“Quiero ser una persona normal, que me juzguen con mis compañeros”
Tiene 34 años, es licenciado en Ciencias Biológicas, profesor de música, posee un máster en energías renovables, y aunque diputado autonómico de Podemos en Extremadura quiere ser juzgado como un “plebeyo”. Eugenio Romero presentó anteayer ante la Mesa de la Asamblea de Extremadura la renuncia al fuero que le permite ser juzgado por un tribunal diferente al de los otros 17 acusados por coacciones y desorden público, por impedir la continuidad de un informativo regional de TVE Extremadura.
“Apenas llevo unos meses en política y quiero ser una persona normal, que me juzguen con mis compañeros”. Este hijo de obreros, trabajadores del campo en Guareña, quiere ser el primer político español al que dejen renunciar a los privilegios que le da su cargo de parlamentario.
No lo va a tener fácil, admiten fuentes jurídicas que le llevan el caso. Pero también podría ser que su intento se lleve por delante, de momento con un aplazamiento, la cusa iniciada cuando en febrero de 2014 Romero y otras 18 personas del Campamento Dignidad Extremadura –una ya ha muerto- interrumpieron el informativo regional de TVE reclamando la aprobación de la renta básica de inserción para los que ya no tienen ningún ingreso.
Aquel acto de protesta se relaciona con otros muchos de denuncia por la situación de “bloqueo” de la renta básica por parte del anterior Gobierno regional del PP y que, “en gran medida continúa” con el Ejecutivo actual del PSOE. “Nos vimos empujados a entrar en TVE y leer un manifiesto de denuncia sobre esta situación de injusticia social que afecta a miles de familias” en la región. Fueron procesados y para cada uno de ellos se piden 9.000 euros de multa, aunque en su mayoría son parados de larga duración, solicitantes de renta básica y muchos soportan procedimientos de desahucio en curso.
En aquel entonces, febrero de 2014, Podemos era una incipiente promesa política como partido, y este extremeño de pelo ensortijado un luchador social primero con el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y posteriormente con los Campamentos Dignidad ya en Extremadura, y no se le pasaba por la cabeza ser todo un diputado. Una vez en el cargo, sigue pensando que hay que trabajar a la vez en la política representativa y en la que él llama plebeya.
Aunque sus 17 compañeros procesados van a ser juzgados en principio por un tribunal de lo Penal de Mérida, donde ocurrieron los presuntos delitos, él como diputado goza de un fuero especial para comparecer directamente ante un órgano superior, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Pero junto a sus abogados ve “huecos” en los códigos jurídicos para que se siente este precedente por lo que lo van a intentar a pesar de que “todos los poderes están muy interesados en lo contrario”. Si lo consigue se sentaría “un precedente de democracia, transparencia e higiene” para la clase política por la posesión de unos privilegios “que no tiene la mayoría social a la que dicen representar”. En su opinión todos los políticos deberían renunciar a esos privilegios, pero no solo al aforamiento en causas privadas como ha propuesto el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, sino también en las causas relacionadas con la actividad profesional política.
En manos del magistrado
Ante la renuncia al fuero, los servicios jurídicos de la Asamblea de Extremadura han emitido ya un informe cuyo contenido se desconoce, y enviado a la Fiscalía, que tendrá que dar ahora su opinión. Posteriormente la defensa de Eugenio Romero será conocedora de ambos pareceres y emitirá a su vez el suyo.
La decisión de aceptar o no la renuncia al aforamiento está en principio, según fuentes jurídicas, en manos del magistrado de lo Penal que lleva la causa, pero bien pudiera resolver elevar la cuestión al Tribunal Superior de Justicia para que este dictamine. “Esto podría arrastrar a todo el proceso a una suspensión”, plantean dichas fuentes.
