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Los socialistas esperan que la supresión de las diputaciones desaparezca y pase al olvido

Rosario Cordero presidenta de la Diputación provincial de Cáceres

José L. Aroca

El PSOE de Extremadura está en contra de la supresión de las diputaciones provinciales firmada por su líder nacional Pedro Sánchez y el de Ciudadanos Albert Rivera, y confía en que si esos acuerdos llegan a buen puerto y dan lugar a la investidura de Sánchez, ese asunto desaparezca como tal aunque se proceda a una reforma de la estructura o funcionamiento de esas instituciones.

Sánchez, seguramente por “desconocimiento” según la presidenta socialista de Diputación Cáceres, Rosario Cordero, ha aceptado esa exigencia de Rivera, yendo en contra de un debate del PSOE en 2011, cuando el anterior candidato al Gobierno Alfredo Rubalcaba, ya planteó eliminar las diputaciones, y tras discutirlo con calma y en detalle dentro del partido se desechó la idea.

Cordero ha dado la campanada este jueves al anunciar en una entrevista en Canal Extremadura TV que el próximo domingo votará en contra del acuerdo Sánchez-Rivera si no desaparece del documento la eliminación de las corporaciones provinciales. La también alcaldesa de Romangordo se ha quejado de la introducción de ese punto sin un debate previo “desde abajo”, desde las bases socialistas.

También de que en el acuerdo se hable como alternativa de la creación de ‘consejos de alcaldes’ para seguir dando asistencia a los municipios menores de 20.000 habitantes, que “no sabemos lo que es”.

En regiones de gran territorio y con muchos municipios, gran parte de ellos pequeños –Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón- las diputaciones llevan a cabo una “buena gestión” y además no existe tanta duplicidad de esfuerzos entre administraciones como se pregona. “Los alcaldes saben perfectamente qué pedir a cada administración”, que en su caso son obras, asesoramiento municipal y jurídico, actividad cultural, deportes y proyectos de desarrollo, bajo una coordinación entre administraciones de la que pone como ejemplo el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

Soluciones cercanas

En la provincia de Cáceres el 70% de los municipios no alcanzan los 1.000 habitantes “y solo una diputación puede estar pendiente de los problemas de esos ayuntamientos, cuando nos llaman por un problema de agua, una demanda cultural…”. Los diputados provinciales “son alcaldes o concejales, les entendemos mejor”, y traspasar todo eso a las comunidades autónomas “alejaría la solución de los problemas”.

Valentín Cortés, alcalde de Llerena y ahora senador por el PSOE, ha presidido la Diputación de Badajoz y aunque globalmente apoya el acuerdo por la investidura de Sánchez con Ciudadanos y votará afirmativamente, reclama que cuando haya que concretar se reconsidere ese punto, por las mismas razones que se vienen apuntando de función necesaria para los municipios, de unas administraciones provinciales que “está bien gestionadas y económicamente saneadas”.

Reconoce no obstante que ha habido ‘garbanzos negros’, diputaciones arruinadas por obras faraónicas como “un aeropuerto” cuyos presidentes quieren pasar a la posteridad con proyectos megalómanos. “Pero no todos los municipios son Marbella, tampoco”.

El secretario regional del PSOE, Guillermo Fernández Vara, ha dejado claro que el socialismo extremeño aporta con carácter general las propuestas y negociaciones por la gobernabilidad que lleva a cabo Pedro Sánchez, aunque en ese punto no estén de acuerdo. Él votará si tanto en la encuesta entre la militancia de este domingo, como el lunes en el comité federal del partido del que forma parte.

CSI-F, en contra

La propuesta afectaría directamente a 2.350 trabajadores en Extremadura, según datos aportados por el sindicato CSI-F. Concretamente, estarían afectados un total de 1.350 puestos de trabajo en la Diputación de Badajoz y 1.000 empleos públicos en la de Cáceres.

Además, se verían comprometidos todos los servicios públicos que actualmente se prestan en muchos de los pequeños municipios extremeños. CSIF no considera adecuado que se adopten de manera unilateral decisiones de tal envergadura, pues tendría “consecuencias graves” en una región tan ruralizada como Extremadura.

UPyD: “Una chapuza”

José Francisco Sigüenza, miembro de la gestora que dirige actualmente UPYD a escala nacional y antiguo coordinador territorial en Extremadura, acusa que la propuesta de supresión de las diputaciones, en los términos que han firmado PSOE y Ciudadanos, “no deja de ser una chapuza que busca únicamente un titular y parecer que se hace algo sin que, en realidad, cambie cosa alguna”.

Sigüenza recuerda que la supresión es algo que UPYD ha defendido desde su nacimiento para posteriormente recalcar que “no puede hacerse sin acometer a su vez otro tipo de actuaciones”. UPYD Extremadura ya realizó, en abril de 2013, una propuesta de reordenación municipal para la comunidad extremeña en la que, para suprimir diputaciones y mancomunidades, se proponía una fusión de municipios, dejando en 27 los más de 380 que ahora posee Extremadura. Esta reordenación municipal no suponía una merma del personal funcionario de las diputaciones que pasaban a prestar servicios en esos nuevos municipios más grandes y con más recursos.

La supresión que UPYD Extremadura propone, supondría un ahorro anual para las cuentas de la comunidad de más de 145 millones de euros, sin despedir a un sólo trabajador y agilizando la gestión administrativa al dejar en dos (municipios y comunidad) los actuales tres y hasta cuatro (municipio, mancomunidad, diputación y comunidad) niveles administrativos.

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