Convocan una manifestación en Mérida para pedir soluciones al déficit de viviendas

Protesta convocada por Campamento Dignidad en Mérida por el Ingreso Mínimo Vital

Campamento Dignidad y Mérida Solidaria han convocado una manifestación en Mérida para el 15 de julio para reclamar y exigir a la Junta de Extremadura políticas de vivienda que hagan frente "al enorme déficit habitacional" que tiene la comunidad autónoma.

"Hay cientos de familias y personas jóvenes en muchas localidades extremeñas que sufren las consecuencias que ponen freno al desarrollo de sus perspectivas vitales por carecer de vivienda y, además, no tener posibilidades de acceder a ellas", han indicado en un comunicado, en el que también advierten que la pandemia ha incrementado los efectos negativos que se traducen en lanzamientos por impago de alquileres y ejecuciones hipotecarias, han advertido.

Las cosas se complicarán mucho más, según los convocantes, cuando a partir del 8 de agosto de este año termine la moratoria aprobada por el Gobierno para alquiler de vivienda y desahucios, "por lo que las previsiones para los próximos meses pueden ser aterradoras tanto en territorio español como en Extremadura".

Estas organizaciones esperan que la Junta de Extremadura siga manteniendo la suspensión de los desahucios de modo indefinido.

Campamento Dignidad y Mérida Solidaria han reclamado la adquisición para su puesta en alquiler social de las muchas viviendas que están en manos de entidades bancarias y otras administraciones públicas, como ocurre en Mérida y Badajoz.

Proceder de modo inmediato a la finalización de viviendas a medio construir, programar la construcción o adquisición de viviendas en aquellas localidades en donde haya necesidades e impedir todo tipo de desahucios a familias que se encuentren en un estado de vulnerabilidad económica y social.

En otro comunicado, han denunciado el "estado de abandono" en la que se encuentran desde hace años las viviendas situadas en la Avenida del Prado en Mérida, que según parece pertenecen en propiedad a una entidad bancaria.

Y han exigido a la Junta que las adquiera para su adecuación y posterior puesta en alquiler social para las familias más necesitadas. 

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