La exalcaldesa de Plasencia Elia Blanco será juzgada otra vez, ahora por prevaricación urbanística
El Juzgado de la Penal de Plasencia ha decretado la apertura de juicio oral contra la exalcaldesa socialista de la localidad, Elia María Blanco, por un delito continuado de prevaricación urbanística relacionado con las viviendas ilegales de la sierra de Santa Bárbara, en el término municipal placentino.
Blanco ya fue condenada en 2014 por un delito de fraude continuado en operaciones de adjudicación de obras y pasó quince meses en la prisión de Brieva (Ávila).
En esta ocasión el juzgado ha fijado para el 30 de mayo el inicio de la vista, mientras que la Fiscalía ha solicitado para la exregidora la pena de 2 años y 9 meses de prisión y 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, según han indicado a Efe fuentes judiciales.
“Caso Santa Bárbara”
Este procedimiento judicial contra Elia Blanco se deriva del conocido como “Caso Santa Bárbara”, que hacía referencia a la existencia de construcciones ilegales en la sierra de Santa Bárbara y la no ejecución de procedimientos de demolición de obras en suelos no urbanizables por parte de varios responsables municipales, informa la Agencia Efe.
En mayo de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) denegó la solicitud de apertura de juicio oral formulada por las acusaciones contra los exediles de Plasencia Mónica García, María Victoria Domínguez y Francisco Barbancho, y la exalcaldesa Elia María Blanco.
De igual forma, acordó devolver el procedimiento al Juzgado de Instrucción de Plasencia por si los hechos fueran constitutivos de un delito de “prevaricación administrativa omisiva” en lo que se refiere a la exalcaldesa u otras posibles personas. Así, durante los meses siguientes, el Juzgado de Instrucción desarrolló la instrucción con la exalcaldesa como única investigada.
Por su parte, el Ayuntamiento de Plasencia adoptó, en diciembre de 2018, la decisión de no continuar personado como acusación particular, según ha recordado el actual alcalde, Fernando Pizarro.
“No hay pruebas incriminatorias suficientes”
En declaraciones a los periodistas, Pizarro ha señalado que la decisión se adoptó tras recibir un informe del gabinete jurídico municipal “en el que se hacía constar que no había pruebas incriminatorias suficientes para que el Consistorio continuará como acusación particular”.
“Ante ese informe, nosotros, como políticos responsables, hicimos caso, de tal forma que el Ayuntamiento, que había estado personado durante todo el proceso y atendiendo al criterio jurídico nos salimos de alguna manera del procedimiento”, ha aseverado.
0