Extremadura consigue el apoyo de otras 12 comunidades para cambiar la ley de suelo estatal

Extremadura sigue en su empeño de salvar la urbanización de lujo Isla de Valdecañas (Cáceres), que el Tribunal Supremo ha ordenado derribar en su totalidad. A la iniciativa legislativa que ultima el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara para que en el Congreso de los Diputados se apruebe una modificación de la actual Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, se une ahora un manifiesto suscrito por 13 comunidades, Ceuta y Melilla en el que piden la adopción urgente “de las medidas legislativas necesarias para solucionar la problemática derivada de la nulidad radical de los instrumentos de planeamiento territorial o urbanístico”.

El portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, ha explicado este martes que las comunidades firmantes instan a dotar de mayor seguridad jurídica, a través de una reforma de la ley estatal, al ámbito de la ordenación del territorio y el urbanismo “ante las reiteradas declaraciones de nulidad radical” de los tribunales contra los planes de ordenación territorial municipal “y otros instrumentos de planeamiento”, unos casos que se han incrementado “de forma exponencial” en España. Las comunidades que lo han apoyado son Galicia, País Vasco, Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra, Madrid, Castilla y Léon y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Aunque la orden de derribo del resort de Valdecañas es de febrero de 2022, la batalla lleva librándose más de una década en los juzgados. Pero el desenlace comenzó a dibujarse a finales de 2019 cuando el Tribunal Constitucional (TC) echó abajo la reforma de la ley del suelo extremeña que PSOE y PP habían modificado en favor de la urbanización, levantada en terrenos de la Red Natura 2000. El TC indicó en su sentencia, a la que se alude en el manifiesto, que los terrenos de la Red Natura 2000 “tienen un alto valor ecológico que deben ser preservados de la transformación urbanística; esto es, han de permanecer en situación de suelo rural excluido del proceso de urbanización” y que “indiscutiblemente” deben permanecer en una “situación urbanística compatible con el régimen de especial protección”.

Protección medioambiental

La Junta de Extremadura ha advertido en muchas ocasiones que hay proyectos empresariales y de equipamientos públicos que no se han podido desarrollar porque hay términos municipales completos incluidos en suelo de la Red Natura 2000, no solo en Extremadura, lo que limita de forma grave las posibilidades de desarrollo y progreso socioeconómico de esos municipios“, se recoge en el manifiesto.

Por ello, las comunidades que han firmado el documento piden “flexibilizar y poder compatibilizar”, por ejemplo, las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) con determinados usos en pro de ese desarrollo económico. Y advierten de que las cuantiosas inversiones previstas en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, en particular, los programas de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana que se podrán financiar con cargo a los fondos Next Generation EU “no pueden verse frenadas por normas urbanísticas obsoletas o constantemente amenazadas por la nulidad”.

Los responsables autonómicos del Urbanismo también ponen el foco en los largos periodos de tiempo que transcurren entre la entrada en vigor de los instrumentos de planeamiento y las sentencias que los anulan, lo que “no hacen más que agravar los efectos de la nulidad radical e incrementar la inseguridad jurídica”.

El portavoz del Gobierno extremeño ha insistido en que se trata compatibilizar medio ambiente y desarrollo en un momento en el que Extremadura “tiene proyectos en cartera que hace 20 años a lo mejor no teníamos y ahora si los tenemos”. No obstante, Juan Antonio González ha indicado que “hay cosas que son totalmente incompatibles y además son competencias municipales” en relación a la posibilidad de que el proyecto de la mina de litio de Cáceres pueda obtener luz verde con la modificación legislativa que se plantea. “Es necesario un replanteamiento de los usos en Zonas Zepa, no es ir contra el medio ambiente, sino respetarlo, pero que haya una compatibilidad de esos usos y eso es bastante razonable”, ha remarcado.

El manifiesto “va en el hilo”, ha dicho el portavoz de la Junta, de la modificación que ultima esta comunidad para que las construcciones que, a la entrada en vigor del cambio planteado, “se hayan aprobado en espacios naturales protegidos, en espacios incluidos en la Red Natura 2000 o en todos aquellos en los que tales actuaciones no estuvieran expresamente prohibidas por su legislación específica de protección”. Ese cambio se recoge en el artículo uno de la modificación planteada y viene a establecer un mecanismo de autorización previa para permitir urbanizar suelo rural en zonas protegidas.

El manifiesto también hace referencia a la necesidad de agilizar los trámites burocráticos que tienen que ver con los informes sectoriales preceptivos de competencia estatal y alude a la “necesidad”·de que las sentencias de nulidad permitan la subsanación o conservación de trámites y no obligue a reanudar la tramitación desde el principio.