La Fundación Franco ofrece asesoramiento a los ayuntamientos que incumplan la Ley de Memoria Histórica
El abogado madrileño Eduardo Ranz ha instado a la Fiscalía General del Estado a investigar a la Fundación Nacional Francisco Franco por indicios delictivos después de que esta entidad haya remitido cartas a municipios en la que les ofrece asesoramiento para incumplir la Ley de Memoria Histórica.
A través de un escrito, el abogado Eduardo Ranz, autor de varias demandas en favor del cumplimiento de esta ley, expone que la actuación de la Fundación “puede suponer un fraude”, debido a que recibe donaciones que a su vez permiten deducciones.
El letrado confirma a este diario que tiene constancia de la carta remitida al Ayuntamiento de Yagüe (Soria), aunque la misiva podría haber sido enviada a otros tantos municipios según advierte.
Con el envío de las cartas, según detalla el letrado en su escrito a la Fiscalía, la Fundación Nacional Francisco Franco estaría promoviendo el incumplimiento de las normas y ofreciendo servicios legales gratuitos para alcanzar tal objetivo.
Ilegalizar la fundación
El abogado insta a las autoridades a que ilegalicen la fundación que lleva el nombre del dictador. Apunta que en Alemania sería impensable una organización en la esfera democrática con el nombre de Hitler.
Recuerda que las Fundaciones deben acomodarse a la Constitución, cuyos fines “deben beneficiar a colectividades genéricas de personas, debiendo considerarse como ilegales las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos”.
En Extremadura, los juzgados de lo Contencioso Administrativo 1 y 2 de Badajoz admitieron a trámite las demandas del abogado Eduardo Ranz contra los alcaldes de Guadiana del Caudillo y Villafranco del Guadiana (pedanía de Badajoz) por incumplir la Ley de Memoria Histórica.
Ahora la justicia obliga al municipio a confeccionar un listado de vestigios franquistas en Guadiana, en cumplimiento del artículo 15.3 de la Ley de Memoria Histórica.
¿Qué dice la carta?
La Fundación Francisco Franco pone a disposición de estos alcaldes “un equipo de abogados con experiencia, riguroso, externo, independiente y a bajo coste para asesorarle, con la garantía de que triunfará el derecho sobre la barbarie, la historia sobre su borrado, la civilización sobre el odio iconoclasta”.
El vicepresidente de la fundación, Jaime Alonso, quien firma el escrito, asegura que los ayuntamientos que se niegan a aplicar la “mal llamada” Ley de Memoria Histórica “hacen lo correcto en tanto en cuanto un tribunal, mediante sentencia firme, no le obligue a ello”.
A juicio de esta entidad, la Ley de Memoria Histórica tiene como propósito que “ganen la guerra los que perdieron hace 80 años, sin importar la verdad, la historia o el daño que pueda provocar en la democracia ese falseamiento de la historia”.
