Medio millar de dependientes extremeños han muerto este año sin recibir la prestación

Un total de 837 personas que estaban en la listas de dependencias han fallecido en Extremadura en lo que va de año.

De ellas 514 ya tenían reconocido el derecho a la prestación pero no obtuvieron este derecho, y 323 lo habían solicitado, pero no fueron valoradas, según datos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Un total de 6.464 extremeñas y extremeños figuran como beneficiarios pendientes de prestación.

Por CCAA

Sólo en tres comunidades autónomas aumentaron el número de personas con este derecho: Asturias (+642), Comunidad Valenciana (+639) y Canarias (+65). En todas las demás disminuyeron, siendo las comunidades que más han caído las personas con derecho en La Rioja (-797), Castilla La Mancha (-4.076), Cantabria (-897) y c. Madrid (6.819).

Desde la última publicación realizada antes del estado de alarma, el número de beneficiarios se incremento en las comunidades de Canarias (+1.262), Illes Balears (+1.126), C. Valenciana (+4.680) Extremadura (+388), Murcia (+174) y Castilla León (+25).

En el resto de comunidades no se mantuvo la tasa de reposición y donde más beneficiarios han disminuido han sido en La Rioja (-659), Cantabria (-1.159) y Madrid (-9.003).

“Efectos de los recortes”

A juicio de esta asociación, estos datos ponen de manifiesto de “forma incontestable” los efectos de los recortes, que cifran en 5.864 millones de euros desde 2012, sobre el sistema de atención a la dependencia.

Por ello instan al Gobierno de España a cumplir con lo acordado en el pacto de Estado por la Dependencia y la reunión de Presidentes Autonómicos (2017) e incrementar de manera urgente y sin esperar a los Presupuestos Generales del Estado la financiación de la Dependencia en 1.500 millones de euros.

A su vez, los Gobiernos autonómicos “deben acometer reformas necesarias que agilicen los trámites”, como simplificar los procedimientos, agilizar y unificar criterios para dar respuesta inmediata y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento.