Movimientos sociales y partidos claman contra la Ley mordaza al grito de “más trabajo, y menos represión”
Una pancarta, unos trapos para tapar la boca, y voces al grito de 'más trabajo, y menos represión'. “Si en vez de haber hecho este gesto el 30 de junio, lo hubiéramos trasladado al día 1 de julio, nos habrían impuesto una sanción con una importante multa”.
Esta es la reflexión de Manuel Cañada, miembro del Campamento Dignidad, uno de los colectivos que se manifestó este martes a las puertas de la Asamblea de Extremadura en protesta a la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, la 'Ley mordaza'. La protesta se celebró con motivo del debate de investidura del nuevo presidente de la Junta, y contó con el respaldo de varios diputados regionales de Podemos, así como miembros de IU Mérida y Mérida Participa, entre otros. A ella se sumó otra protesta en Badajoz, a las puertas de la Delegación del Gobierno en Badajoz y Cáceres.
Las nuevas multas
Lo cierto es que si la protesta a las puertas de la Asamblea se hubiera celebrado este miércoles, día de la entrada en vigor de la Ley mordaza, los manifestantes se habrían enfrentado a multas de 600 y 30.000 euros (por hacerlo sin avisar a las autoridades, y a las puertas de un Parlamento), mientras que también habría sanción para aquellos que publicitaron la protesta por redes sociales.
Pero también puede haber multas para el diario que informa sobre esta noticia, en caso de que se hubiera publicado la fotografía de un policía en la protesta, y las autoridades interpretaran que con ella se pone en peligro su seguridad personal o familiar.
“Atropellan los derechos de desobediencia civil”
El representante del Campamento Dignidad mostró la oposición frontal del colectivo a la nueva ley, que según dijo “ha merecido el reproche de juristas, de los propios organismos europeos, que toca derechos básicos, como el derecho de reunión, de manifestación”. “Va a intentar atropellar todos los derechos de desobediencia civil masiva y disidencia social que ha aparecido desde el 15-M hasta ahora”.
Los Campamentos se enfrentan los próximos 5 y 6 de octubre a un juicio por entrar en el centro territorial de TVE cuando se emitía un informativo. Otro acto que ahora con la nueva ley hubiera podido tener multa de hasta 600.000 euros.
Ahora, como consecuencia de la protesta que protagonizaron en la tele para reclamar el pago de la renta básica al gobierno de Monago, 18 personas se sientan en el banquillo con penas que suman 171.000 euros de multa, o en su caso cuatro meses de trabajo para cada uno de servicios a la comunidad.
Protesta en la Asamblea
La protesta a las puertas del Parlamento regional contó con el apoyo de varios diputados regionales de Podemos. Entre ellos Daniel Hierro, que mostró su oposición a una norma que “va a impedir, dificultar y sancionar todas esas concentraciones, reivindicaciones y manifestaciones en general, como las que hacemos en el último periodo de lucha”. “Si hemos protestado cuando estábamos fuera de la Asamblea, ahora también lo haremos”.
La Ley Mordaza también ha sido criticada por el PSOE. El diputado extremeño Ignacio Sánchez Amor, ponente por el grupo socialista en esta norma, ha transmitido a este diario que “no hay razón objetiva para que se impulse una ley así”.
A su juicio el motivo que lleva al PP a aprobar esta ley es, simplemente, controlar un estado de opinión crítico, frente a los recortes efectuados a lo largo de estos cuatro años por los conservadores. “Su objetivo es impulsar las sanciones, para debilitar las protestas”, según ha dicho Sánchez Amor, que critica que en el binomio libertad-seguridad, se pone el acento en la cuestión de la seguridad.
Otra de las cuestiones que critica es que se traspase las competencias de las sanciones desde la justicia a la vía administrativa, “y luego si eso, te pagas las tasas y recurres”. “Toda la oposición estamos en contra y entrará en la cola de la derogación, en cuanto lleguemos a la presidencia del Gobierno”.
Oposición también desde las filas de CCOO. José María Rosado lamenta que, tras llevar a cabo recortes, “que privan de casa o trabajo”, ahora se aplica “el control y el amedrantamiento de la gente”. Según ha dicho, la combinación de la nueva ley, junto a las interpretaciones que se hacen del Código Penal, conllevan “una clara persecución del derecho a manifestación”. “Se criminaliza a la ciudadanía, que es susceptible de ser delincuente, por el simple hecho de manifestarse y defender sus derechos”. “Es un sistema de amedrantamiento y de privación de libertad”, lamenta.
