Subvencionar medicinas de los “trabajadores pobres” y estabilidad laboral, objetivos de la sanidad regional
Cada uno de enero, mientras la mayoría sobrelleva la resaca de Nochevieja, el Servicio Extremeño de Salud (SES) arranca el año presupuestario con la certeza de que le faltarán un mínimo 140 millones de euros, que es la diferencia entre ingresos y gastos anual, y que se van acumulando de modo que la máquina española de ‘hacer billetes’, el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), tiene que hacer de vez en cuanto trabajo extra para pagar la deuda de todas las comunidades.
En principio la reciente Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada el pasado 17 de enero en el Senado quiere poner fin a ese desastre, junto a otros tristes episodios nacionales, con un estudio de las necesidades del sistema sanitario nacional para incluirlas sin déficits en el nuevo de financiación autonómica que debería quedar aprobado en este 2017.
Como Extremadura estará presente en esas comisiones de trabajo sobre sanidad, y financiación general, la Comunidad acaba de dar un primer paso político con la firma este viernes de un Pacto por la Garantía y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, una hoja de ruta acordada por el Gobierno regional, los sindicatos CCOO y UGT, y la Confederación Regional Empresarial.
El documento define principios que ha de cumplir ese sistema, como la calidad y el acceso de todos los ciudadanos, lo que implica por ejemplo aliviar mediante subvenciones o bonos en la farmacia el copago farmacéutico al que tienen que hacer frente trabajadores de nómina escasa, “trabajadores pobres” según el consejero de Sanidad y Política Social, José María Vergeles.
Esos trabajadores con rentas inferiores a 18.000 euros anuales pagan el 40% del importe y sin tope mensual.
Qué queremos, cuánto cuesta, y ponerlo
Blindar la prestación sanitaria en Extremadura como se hizo con la Educación, lo que incluye que la prestación farmacéutica –cada vez más cara- sea sostenible, implica también según el acuerdo dar mayor estabilidad laboral a los empleados del SES, lo que se hará, según se negocia en la mesa sectorial con sindicatos, reduciendo las interinidades y plazas eventuales “al mínimo”, y haciendo que al menos estas últimas sean interinas, además de que la tasa de reposición sea la natural y obligada, ha añadido el consejero.
Pero todo eso representa dinero, y el SES arrastra un desfase anual mínimo de 140 millones de euros según Vergeles –“que en el conjunto de España son miles de millones”-, por lo que desde el Pacto de Extremadura se propone al conjunto del país definir qué sistema sanitario se quiere, y poner encima de la mesa el dinero necesario.
Actualmente España dedica a ello un 5,9% de su PIB, “y todo lo que esté por debajo del siete por ciento es insuficiente”. Se trataría por tanto primero de elevar ese porcentaje y garantizar de forma ‘finalista’ que el Presupuesto nacional, y su vuelco en la financiación autonómica, cubra el gasto en su totalidad sin necesidad de acudir a parches como ahora.
Ley extremeña de Sanidad
Una vez se decida ese PIB nacional, y garanticen los fondos necesarios, Extremadura fijaría por ley autonómica qué porcentaje de su PIB regional dedicaría a la sanidad, mediante una Ley de Defensa de la Sanidad Pública de Extremadura de la misma manera que en 2011 la de Educación pactada por PSOE y PP regionales blindó ese servicio básico con el 6% mínimo del producto interior bruto extremeño.
Mientras no se fije a escala estatal un porcentaje del PIB para la sanidad “no podemos decidir el nuestro”, sería pillarse las manos según el consejero Vergeles.
Esa Ley de Defensa de la Sanidad Pública de Extremadura está en redacción por parte de la Junta y parte del texto ya entró en el Consejo de Estado para su dictamen, que puso reparos al sistema que se había seguido de información pública y alegaciones, y que según el Ejecutivo regional empiezan a solucionarse con este Pacto firmado.
Una mayor implicación de los profesionales, y de la sociedad en general, en las directrices sanitarias, se contemplan también en el documento, así como tratar de evitar injerencias políticas y jurídicas; una política farmacéutica propia, y más prevención que asistencia, también.
Javier Peinado, secretario de la Confederación Regional Empresarial (CREEX) ha aclarado que su firma no significa que está contra la sanidad privada, por la que también apuesta porque “apuntala” la pública.
