Voluntarios de las comisiones de desahucio piden no ser identificados para evitar represalias

La secretaria general de Arquitectura y Vivienda, Isabel Moreno Duque, ha anunciado a los diputados de una comisión de la Asamblea de Extremadura que no volverá a darles las actas completas de las comisiones locales consultivas para desahucios en pisos sociales, con el objeto de que las identidades y las opiniones de sus componentes no lleguen a manos de “prestamistas, extorsionadores y traficantes de viviendas” de algunas barriadas como Colorines en Badajoz.

El motivo según ha explicado este miércoles es que su “uso indebido” meses atrás colocó en “situación de peligro e inseguridad” a los integrantes de esas mesas de trabajo compuestas por representantes de la Junta, del ayuntamiento, y de plataformas sociales y vecinales.

Esas mesas son las que valoran qué hacer con los expedientes judiciales de lanzamiento y desahucio abiertos por el Gobierno regional en casos de viviendas ocupadas ilegalmente, vacías, o cuyos componentes tienen una conducta “antisocial” denunciada por el resto de vecinos.

A partir de ahora, dijo Isabel Moreno en la comisión de vivienda del Parlamento regional, entregará a los diputados las actas pero sin identificar a los participantes en las reuniones, y la autenticidad de las mismas, si quieren, podrán comprobarla personal y posteriormente comparándolas con los originales que están en la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales en la que se integra el departamento de vivienda.

Antonio Chacón, miembro del Campamento Dignidad Badajoz, ha explicado a eldiarioex que en una asamblea de ese colectivo se presentó una persona de las que había sido desahuciada “y me amenazó con hacer fotocopias y repartirlas por Badajoz para que todo el mundo supiera quiénes éramos y a lo que nos dedicábamos en esas comisiones”.

“No es que me sienta amenazado yo y el resto de voluntarios con represalias, es que tememos por nuestras familias”, añade, por lo que miembros de esa plataforma y otras que colaboran en el control social de los desahucios han pedido que no se les identifique. “Es que en ese acta que traía esa persona había también datos personales de los funcionarios, y todo esto es muy peligroso”.

La secretaria general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, Isabel Moreno, ha justificado en la comisión parlamentaria de este miércoles que el trabajo que en ese sentido hace la Junta en colaboración con ayuntamientos y plataformas sociales y vecinales es por la  “dignificación de las barriadas”, y por eso “hemos recibido el agradecimiento de las familias que estaban siendo extorsionadas y vivían con miedo, angustiadas y coaccionadas por mafias que han venido ocupando parte de nuestro parque social de viviendas”.

Moreno destaca el “arrojo y valentía” de una jefa de servicio en la Junta, “la única persona que va a cara descubierta en intervenciones peligrosas; los ochenta policías que intervinieron en los Colorines de Badajoz en abril ocultaron su identidad como no puede ser de otra manera, pero ella entra en los pisos a cara descubierta con el peligro que supone, bien es cierto que la protege la policía nacional y por eso lo agradezco a sus equipos de Badajoz, Cáceres y Mérida, y a la Delegación del Gobierno por su coordinación y acompañamiento”.  

192 recuperadas

Desde que se implantaron esos protocolos y comisiones de desahucio para viviendas en alquiler de la Junta de Extremadura, se han recuperado 192, para adjudicarlas a nuevas familias. Se han ejecutado 30 lanzamientos (expulsiones)  judiciales, de los cuales en solo ocho casos era una ocupación ilegal; del resto 28 estaban vacías, 16 eran permutas no autorizadas, 26 se fueron voluntariamente… 91 llaves fueron entregadas a la Junta.

Solo en el 15% de los casos hubo que entrar en la vivienda con auto judicial, en el 96% no se expulsó a la familia y solo el 4% restante sí, personas con antecedentes penales, “extorsionadoras…”.  El 61% han sido recuperadas según la secretaria general con el trabajo social y la negociación con las familias.

“No se puede seguir permitiendo que las barriadas sociales tengan viviendas destinadas a perreras, a plantaciones de marihuana y a puntos de ventas de droga”, ha añadido, ya que el resto de familias con escasos recursos “tienen derecho a educar con dignidad a sus hijos en esos bloques sociales”.

Desahucio como último recurso

Antonio Chacón, activista vecinal y social, y miembro de la comisión local de Badajoz, abunda en que por ejemplo en el barrio Suerte de Saavedra hay “diez mil familias que no pueden estar atemorizadas por catorce cafres, a éstos no se les puede dejar seguir viviendo allí, y a los que no son partidarios de estos lanzamientos yo les invitaría a que se vinieran a vivir aquí, sufrieran esto, y luego opinaran. Hay vecinos a los que se ha puesto una escopeta recortada en la boca por reclamar a otros que paguen la comunidad”.

Asegura que para ellos “es muy doloroso tener que llegar al acuerdo de un desahucio, es lo último, y antes de eso se les han dado todas las oportunidades. Nosotros no estamos en esas comisiones, que ni agradecidas ni pagadas, para echar a nadie, sino para intentar dignificar la vida de miles de familias que no crean problemas”.

Problema social de fondo

El diputado de Podemos Daniel Hierro ha declarado en la comisión parlamentaria que los problemas en las barriadas no se van a acabar rápidamente. “Está claro que hay ciertas familias que no hacen buena convivencia y son problemáticas hasta el extremo para sus vecinos, pero estos problemas no son porque genéticamente estén predispuestas a la delincuencia o tráfico de drogas, es fruto de la marginación, pobreza y falta oportunidades”.

Si no cambian las condiciones de los barrios “serán sustituidas por otras”, en una política cuyo fondo es para Hierro el recuperar pisos porque no hay suficiente para tanta demanda, un empezar la casa por el tejado a falta de un plan integral de barrios y la provisión de vivienda a quien la necesita.

“No sé si se acaba todo el problema con esto”, replica la diputada socialista Belén Fernández, “pero sí el de algunas familias que podrán vivir en paz”.

Es cierto, conviene la secretaria general de Vivienda Isabel Moreno, “que faltan recursos y oportunidades, la marginación no viene porque sí, por eso también se actúa con política social en coordinación con ayuntamientos”. Es el programa Crisol, con Política Social y Empleo, una “intervención integral en esas barriadas y con talleres empleo para inserción laboral”.