UGT precinta su sede regional para exigir un freno a la subida de la pobreza
UGT de Extremadura ha precintado su sede regional en Mérida, en un acto cuyo objetivo ha sido exigir soluciones basadas en los derechos y la justicia ante las desigualdades sociales, y frenar el incremento de la pobreza y los acuerdos comerciales entre la UE con EEUU y Canadá.
Con esta actividad culmina el sindicato una serie de acciones contra la pobreza y la desigualdad y contra los tratados de libre comercio que “anteponen los intereses de las multinacionales a los derechos de las personas”.
La secretaria regional ugetista, Patrocinio Sánchez, explica en un comunicado que fue un acto simbólico contra las negociaciones entre la UE y EEUU sobre la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP), y con Canadá acerca del Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CECA).
Según la sindicalista, su organización está en contra de esos acuerdos ya que se hace “en contra de la ciudadanía y con oscurantismo”.
EEUU y Canadá no tienen interés en la calidad de los productos alimentarios, lo que afecta especialmente a la salud de la población y a las denominaciones de Origen de Extremadura como las del jamón y los quesos, y, en este sentido, a las pequeñas y medianas empresas de la región.
“Por nuestra salud y por la democracia, no al TTIP y al CETA”.
Impuestos
UGT también reclama “justicia fiscal a través de políticas tributarias justas, progresivas y suficientes que sostengan las políticas sociales y medioambientales”, todo dirigido “hacia un modelo energético sostenible y el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales”.
El sindicato añade que la sociedad civil, los ecologistas, las ONG de desarrollo, los agricultores y los ganaderos, entre otros, demandan “un sistema que garantice la equidad”.
Subraya, en este sentido, que “la pobreza y la desigualdad son cada vez más extremas, intensas y crónicas”, y que los tratados que negocia la Unión Europea con Estados Unidos y Canadá “ahondan la brecha” y “amenazan la democracia”.
Argumenta que, de concretarse esos acuerdos, se verán perjudicados “la cultura, los servicios públicos, los derechos laborales, los derechos ambientales, la agricultura tradicional, la soberanía alimentaria y la salud”.
En el último caso, añade UGT Extremadura, en beneficio de las grandes empresas farmacéuticas.
“La Comisión Europea está actuando como representante de esas élites y no de la ciudadanía, y está forzando la legalidad para que entren en vigor esos tratados antes de que los parlamentos nacionales tengan la oportunidad de aceptarlos o rechazarlos”.
