Adiós a la investigación de los recortes sanitarios pactada por la oposición gallega
El fallecimiento de un paciente en el Punto de Atención Continuada (PAC) de A Estrada (Pontevedra) sin atención médica a comienzos del pasado agosto fue el detonante para una imagen prácticamente inédita en los casi diez años que ya han transcurrido desde que el PP regresó al Gobierno de Galicia. En Marea, PSdeG y BNG, toda la oposición, se sentaron a la misma mesa y pactaron la apertura de una comisión de investigación para, a partir de lo sucedido en el ambulatorio estradense, averiguar en los efectos de los recortes sanitarios de la última década. Lo hicieron amparándose en la norma parlamentaria que desde 2015 permite abrir una investigación parlamentaria por legislatura aunque no sea apoyada por la mayoría absoluta de la Cámara. Esa investigación acaba de desvanecerse, por la vía de los hechos, inmediatamente después de su inicio.
La activación de este recurso parlamentario no altera el juego de mayorías en el Parlamento. Esto implica que, una vez abierta, la comisión es controlada en última instancia por quien ostenta la mayoría absoluta, como todos los órganos del legislativo. En el caso de la actual composición de la Cámara gallega esto ha implicado que inmediatamente después de ponerla en marcha ninguna decisión haya podido ser tomada sin el visto bueno del PP. Así sucedió con la elección de la Mesa -órgano rector de la comisión- y así ha acontecido con la definición del plan de trabajo, decisión esencial que determina qué personas son llamadas a comparecer y qué documentación se maneja durante la investigación. El PP tenía claro que no iba a permitir lo que definió como una “causa general” a la gestión sanitaria del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo y por eso los límites del juego iban a depender de él.
Los grupos de la izquierda, promotores de la investigación, registraron sus respectivas propuestas de plan de trabajo. Los planes de En Marea, PSdeG y BNG sumaban unas 200 propuestas de comparecientes, si bien acabaron en trazando un acuerdo que reducía el listado a unos 80 nombres. Entre ellos destacaba, por ejemplo, el llamamiento a comparecer en el Parlamento a un familiar de José Manuel Brey, el hombre fallecido en el PAC de A Estrada o representantes del personal de los Puntos de Atención Continuada que se movilizan desde hace meses en demanda de mayores medios para realizar su trabajo. También habían solicitado, por ejemplo, la presencia de un representante de la multinacional estadounidense Medtronic, compañía con la que el Sergas mantiene activos convenios que trató como secretos durante meses.
“No les basta con ganar, quieren humillar”
En un clima de obvia tensión los populares dijeron estar dispuestos a llegar a un acuerdo que, en el caso de los comparecientes, implicaba que el partido que sustenta al Gobierno de Feijóo escogiera una veintena de nombres de entre todos los solicitados por la oposición. Permitiría, por ejemplo, que acudiera la asociación de personas afectadas por la Hepatitis, plataformas como SOS Sanidade Pública y el Movemento Galego da Saúde Mental, sindicatos como CIG Saúde y CC.OO. o el doctor Evaristo Varo, representante de la asociación Batas Blancas. Quedaba fuera del catálogo elegido la familia del fallecido en A Estrada, caso para lo cual admitían que acudiera el coordinador del centro de salud. También eran excluidos otros muchos nombres y representantes de profesionales del Sergas, de empresas ligadas a la sanidad y de diversas entidades sociales.
Lo que para los conservadores fue todo un ejercicio de consenso, para los grupos de la izquierda supuso la enésima muestra del “rodillo” popular. “Incluso a pesar de ofrecerles una reducción de las comparecencias propuestas por la oposición”, al PP “no le basta con ganar, también quiere humillar”, dice Eva Solla, de En Marea. Una negociación sobre quien comparece o no, agrega desde el PSdeG Julio Torrado, no puede convertirse “en un buffet en el que el PP llega y coge lo que quiere” para “impedir comparecencias que pondrían en evidencia” que el Gobierno gallego está mintiendo“ sobre su propia gestión sanitaria. ”Escogen sólo las comparecencias que les interesan“, resume desde el BNG Montse Prado, para quien lo sucedido fue ”gravísimo, antidemocrático, humillante“.
Lo que el PP ofertaba era un todo o nada por la vía de los hechos. O la suma de su elección entre los comparecientes propuestos por la oposición o sólo la lista impulsada por el propio PP. En este contexto, los tres grupos de la oposición abandonaron la comisión y el Grupo Popular aprobó su propio plan de trabajo en solitario, con 26 comparecientes. Entre ellos, Alberto Núñez Feijóo y el conselleiro de Sanidade como principales representantes políticos, cargos directivos de diferentes hospitales gallegos y únicamente tres representantes de entidades sociales (Federación de Enfermedades Raras, Asociación Gallega de Trasplantes y Asociación Gallega de Hemofilia).
Según el portavoz sanitario del PP, Aurelio Núñez, la oposición ha demostrado ser “irresponsable” y “ha privado” de incorporar la mencionada veintena de comparecientes, lo cual considera “surrealista”. Desde el PPdeG se afirma, en cualquier caso y como en anteriores ocasiones, que las acusaciones de la izquierda sobre el rodillo popular son, simplemente, “mentira”. Por la banda izquierda se reiteran palabras como “vergüenza”, “trágala” o “bochorno” para resumir lo sucedido. La comisión, a efectos prácticos y políticos, ya no existe.
