Las doce uvas y la subida en los peajes de la AP-9. Esos son, tradicionalmente, los principales ritos del cambio de año en Galicia. Y este 2026 que está a punto de empezar no va a ser diferente: el canon se eleva un 4,68% –el máximo de la horquilla estatal–, pese a que el ultimatum de Bruselas sobre la ilegalidad de la prórroga concedida por Aznar a la concesión hizo pensar durante el verano que la gratuidad de la principal arteria de comunicación gallega podía estar a la vuelta de la esquina. No será así porque el gobierno ha optado por dejar que decida la –lenta– justicia europea, mientras sigue apostando por las bonificaciones para los usuarios pactadas con el BNG en el acuerdo de investidura.
Con el dato que acaba de autorizar el Ministerio de Transportes, y a la espera de la tarifa oficial que fije Audasa, es posible estimar cómo quedarán los principales trayectos. Por ejemplo, el tramo A Coruña-Santiago, que costaba 8,40€ se incrementaría algo más de 39 céntimos, con lo que es probable imaginar un redondeo final de 8,80. Ir de A Coruña a Vigo sube casi un euro y rondará los 21,40 (hoy son 20,45€). Cruzar toda la AP-9, de Ferrol a Tui supondría unos 28,10 o 28,15€ (hasta el 31 de diciembre todavía cuesta 26,85€) en función de lo que decida la concesionaria con sus redondeos.
Estas tarifas que mantienen a la autopista gallega entre las más caras del Estado se atenúan con las rebajas de las que hace gala el ejecutivo. La principal, la gratuidad del trayecto de regreso cuando se hace en las 24 horas siguientes a la ida. Se estableció en 2021 con lo que, según el Gobierno, fueron “las mayores bonificaciones en una autopista de peaje en España”, a las que se destinaron unos 55 millones de euros al año. Esa cifra se incrementó en 28 millones en diciembre de 2024 al aprobarse un aumento de los descuentos a partir del 1 de enero del año que está a punto de finalizar: los usuarios recurrentes (de más de 20 viajes al mes) pasaban a tener un descuento del 20 al 50% en todos sus trayectos. Desde 2018, el Ministerio ha dedicado 420 millones de euros a los usuarios de la vía.
La Xunta reclama, “cuando menos”, la congelación
Este lunes, en el último Consello de la Xunta del año, el presidente gallego anunciaba la congelación de los peajes de las dos autopistas de titularidad autonómica, la AG-55 (A Coruña-Carballo) y la AG-57 (Vigo-Baiona), y solicitaba que “cuando menos” se hiciese lo mismo en la AP-9. “Parece que no va a ser así, sino todo lo contrario, manteniéndola como la autopista más cara de España pese a las reivindicaciones desde el punto de vista político, aquí prácticamente unánimes, y el reciente dictamen de la Comisión Europea”.
Rueda se refería al ultimatum enviado en julio al Gobierno por la Comisión para que enmendase las irregularidades detectadas en el proceso de prórroga de las concesiones y posterior venta de las autopistas AP-9 y AP-66. En el caso de la infraestructura gallega fue en el año 2000, durante el gobierno de José María Aznar, cuando España prolongó durante 25 años la concesión de la AP-9, que pasó de finalizar en 2023 –tras una prórroga concedida por Felipe González– a hacerlo en 2048. A cambio, la concesionaria Audasa debía encargarse de prolongar la vía en dirección norte hasta llegar a Ferrol. Ese acuerdo servía como compensación tras el accidente de la Discoverer Enterprise. En 1998, un fuerte temporal arrastró la que era la mayor plataforma petrolífera del mundo desde el muelle de Astano (la actual Navantia), en Fene, donde se estaba construyendo y la lanzó contra el puente de As Pías, la principal entrada a la ciudad por carretera, que quedó cortada durante meses.
En 2003, tres años después de la prórroga, el ejecutivo vendió la Empresa Nacional de Autopistas –de la que formaban parte ambas concesionarias– a un conglomerado empresarial liderado por Sacyr y SCH y del que las desaparecidas cajas de ahorros gallegas poseían un 20%. Esa venta, según la Comisión, se realizó “sin convocar procedimientos de licitación previos ni publicar un aviso” en el Diario Oficial de la UE, tal y como requiere la legislación comunitaria.
La plataforma de usuarios de la AP-9 En Colectivo denunció la prórroga de Aznar ante Bruselas, que reclamó información en dos ocasiones al gobierno español antes de emitir su ultimatum del verano. Esta comunicación concedía un nuevo plazo de dos meses al ejecutivo de Sánchez para enmendar la situación o el asunto pasaría ya al Tribunal de Justicia de la UE. Pese a que usuarios y fuerzas como el BNG vieron entonces la oportunidad de poner fin a la concesión, eliminar el peaje e –incluso– transferir la titularidad a la Xunta, Madrid optó por presentar un recurso ante la Comisión con el plazo ya casi agotado, horas después de que el delegao del Gobierno en Galicia asegurase que la AP-9 estaba “en la via de la gratuidad”. Un jarro de agua fría sobre el futuro de la principal arteria de Galicia que queda ahora a expensas de lo que se prevé como un largo litigio judicial.
Mientras la Xunta achacaba al Ministerio de Transportes “falta de valentía”, éste ponía el foco sobre el responsable de la concesión, el gobierno popular de Aznar. El ministro Óscar Puente descartaba por inasumible económicamente un rescate que estimaba en más de 6.000 millones de euros. El ejecutivo autonómico rebajaba la cifra a menos de la mitad, 2.400 millones y un estudio encargado por el BNG lo reducía a apenas 900.