El Consejo de Europa lanza una alerta por la jueza que exige a elDiario.es la fuente que filtró los tesoros de Meirás

El caso de la jueza que exige que elDiario.es que facilite a los Franco el nombre de la fuente que filtró la lista de tesoros de Meirás se ha convertido en un asunto europeo. 'Article 19', la Federación Internacional de Periodistas/Federación Europea de Periodistas y el Instituto Internacional de Prensa han publicado una alerta en la Plataforma para la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas del Consejo de Europa sobre el caso de la jueza que exige a elDiario.es revelar la fuente que filtró la lista de bienes que se encuentran en el Pazo de Meirás y cuya propiedad se encuentra actualmente en litigio. A partir de ahí, la alerta se comunica al Gobierno del Estado afectado, para que proporcione una respuesta sobre qué ha hecho para abordar el problema referido, y a los distintos órganos del Consejo de Europa (Secretaría general, Comisaria de Derechos Humanos, Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa) para su información.

La alerta lanzada el 4 de noviembre detalla cómo “el 29 de septiembre de 2021 una jueza de instrucción ordenó a Ignacio Escolar, director de elDiario.es, que revelara una fuente que filtró información sobre una residencia de verano propiedad de la familia del ex dictador Francisco Franco [el Pazo de Meirás]. El auto fue dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 29 de Madrid, presidido por la jueza de instrucción María Cristina Díaz [ex alto cargo del PP]”.

El escrito de la Plataforma del Consejo de Europa explica que “la demanda surgió de un artículo, publicado el 7 de diciembre de 2020 por los periodistas de elDiario.es Paola Obelleiro y Gonzalo Cortizo, que reveló un inventario y fotografías de 697 tesoros históricos que Franco había guardado en la residencia de verano Pazo de Meirás”.

“En septiembre de 2020”, prosigue la alerta, “un juez ordenó a la familia Franco que renunciara a la propiedad, tras una batalla legal que terminó en una sentencia que fallaba que era propiedad del Estado y no de la familia. A raíz de un informe de Patrimonio Nacional sobre la residencia, elDiario.es reveló sospechas por parte del organismo público de que muchos de los objetos que la familia Franco pretendía sustraer antes de devolver la residencia al Estado incluían tesoros históricos robados por Franco de colecciones reales españolas. El artículo también se basó en dos fuentes que hablaron con los periodistas”.

A raíz del artículo, “la familia Franco presentó una denuncia penal por una supuesta divulgación de información confidencial”, prosigue el escrito del Consejo de Europa, “y Díaz abrió una investigación a la sección de Patrimonio Nacional responsable del informe. Mediante carta de 29 de septiembre, Díaz ordenó a Escolar que indicara, dentro de los 10 días siguientes a su recepción, la fecha en que se recibió el informe de la fuente, como 'la persona que lo proporcionó y el procedimiento o medio por el cual se recibió el informe”.

“Mediante carta del 13 de octubre, Escolar se negó a revelar la fuente, afirmando que el artículo era de interés público y la protección de las fuentes periodísticas es un derecho constitucional. La carta se publicó íntegramente en el sitio web de elDiario”, concluye la alerta.

Mejorar la protección de los periodistas

Esta Plataforma para la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas fue creada por el Consejo de Europa en 2015, en cooperación con destacadas ONG internacionales activas en el campo de la libertad de expresión y asociaciones de periodistas para proporcionar información que pueda servir como base para el diálogo con los Estados miembros sobre posibles medidas de protección o reparación a periodistas.

Los 14 socios de la plataforma son: la Federación Europea de Periodistas, la Federación Internacional de Periodistas, la Asociación de Periodistas Europeos, Artículo 19, Reporteros sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas, el Índice de Censura, el Instituto Internacional de Prensa, el International News Safety Institute, Rory Peck Trust, la Unión Europea de Radiodifusión, PEN International, el Centro Europeo para la Libertad de Prensa y Medios y Free Press Unlimited.

Esta plataforma es un espacio público para facilitar la recopilación, procesamiento y difusión de información sobre graves preocupaciones sobre la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas en los Estados miembros del Consejo de Europa, tal y como garantiza el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Su objetivo es mejorar la protección de los periodistas, abordar mejor las amenazas y la violencia contra los profesionales de los medios de comunicación y fomentar los mecanismos de alerta temprana y la capacidad de respuesta dentro del Consejo de Europa.

La plataforma permite alertar al Consejo de Europa a tiempo, de una manera más sistemática, y tomar medidas oportunas y coordinadas cuando sea necesario. Ayuda a la organización a identificar tendencias y proponer respuestas políticas adecuadas en el campo de la libertad de los medios de comunicación. Se espera que los Estados miembros actúen y aborden los problemas e informen a la Plataforma sobre las acciones tomadas en respuesta a las alertas.

El 4 de diciembre de 2014, el Consejo de Europa y las Organizaciones Socias de la plataforma (Reporteros sin Fronteras, Federación Internacional de Periodistas, Federación Europea de Periodistas, Asociación de Periodistas Europeos y Artículo 19) firmaron un Memorando de Entendimiento. Hoy, 14 ONG internacionales y asociaciones de periodistas son socios de la plataforma.

De conformidad con el Memorando, la plataforma permite a los socios contribuyentes publicar alertas, sujeto a sus propios procesos y estándares de verificación. Cada socio contribuyente es responsable de la información que publica.