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El Consello de Contas de Galicia refuerza su plan de prevención de riesgos contra la corrupción

Consello de Contas de Galicia

El órgano encargado de fiscalizar las instituciones públicas gallegas refuerza su plan de prevención de riesgos de gestión con la intención de prevenir posibles usos fraudulentos de las finanzas públicas. De esta forma, el Consello de Contas de Galicia ha aprobado una declaración institucional de compromiso ético y su Plan de prevención de riesgos de gestión, con mención especial a los potenciales casos de corrupción.

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En el documento, aprobado el pasado 21 de octubre por el Pleno, el Consello de Contas ha identificado 101 riesgos en materias como fiscalización, gestión de personal o contratación pública y, a su vez, ha expuesto las medidas que se estaban llevando a cabo hasta ahora para controlar esos riesgos y las nuevas que las modificarán. En el propio informe, el Consello reconoce que la corrupción en Galicia es su "reto más relevante para los próximos años". Una de las primeras medidas que tratará de aplicar será acercar en el tiempo las fiscalizaciones y el final de los ejercicios económicos.

Entre los más de cien riesgos detectados, el Consello de Contas ha catalogado como elevados aquellos relacionados con la contratación pública. Los principales son, por un lado, posibles tratos de favor a determinados licitadores en concursos de concurrencia competitiva mediante el establecimiento de prescripciones técnicas, criterios de solvencia o criterios de adjudicación ad hoc; y, por otro, demandas de bienes y servicios que no responden a una necesidad real. Para ambos casos, el órgano fiscalizador prevé la aprobación de un manual de procedimiento de contratación que establezca marcos más estrechos para las licitaciones mayores y menores de las administraciones gallegas. Hasta ahora, no existía ninguna medida a nivel gallego enfocada a tal fin.

Más control sobre los trabajadores públicos

En cuanto a la gestión económica, los riesgos que más preocupan al Consello de Contas son los gastos protocolarios y representativos desproporcionados y los usos personales no autorizados de activos públicos. Para los primeros, el Pleno ha aprobado ampliar la regulación de las justificaciones de gastos y, para los segundos, ha creado un plan de comunicación del código ético para concienciar al funcionariado y ha fortalecido y hecho más accesible el canal de denuncias. Como en el caso de las licitaciones a medida, tampoco en este sentido existían medidas concretas que abordasen estos usos dolosos de los recursos públicos. Para todo ello, el Consello de Contas ha elaborado la fórmula de medicina preventiva con la que pretende evitar que ese tipo de casos se produzcan.

En el plan de prevención de riesgos de gestión, la entidad fiscalizadora reconoce un riesgo estructural sobre posibles faltas de puntualidad y ausencias injustificadas, así como una falta de supervisión frente al incumplimiento horario del funcionariado. Ambos casos los considera de "riesgo elevado" y se ha propuesto regular el teletrabajo, la flexibilidad horaria y una exigencia de recuperación íntegra del tiempo incumplido para todos los empleados públicos.

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