“Con el corazón lleno de esperanza, autonomía integral para Galicia”
En los primeros años del siglo XX, el clima político era efervescente y múltiples identidades nacionales luchaban por su reconocimiento. En este escenario, Galicia transitaba por la reivindicación agrarista, provincialista y regionalista, poniendo el acento, cada vez más, en cuestiones identitarias como la lengua. Este es, a grandes rasgos, el contexto histórico en el que en 1916 nacen en A Coruña las Irmandades da Fala, grupos de intelectuales que tenían la defensa del idioma como núcleo de un ideario que, no obstante, enseguida trascendió lo lingüístico. Las Irmandades se diseminaron por el país y se convirtieron en la base para la organización del primer nacionalismo que se reconoció a sí mismo como tal. Nacía así lo que también se dio en llamar galleguismo y que, hace ahora noventa y cinco años, redactó su primer programa político.
La mencionada efervescencia política necesitaba de actos de afirmación. Así lo entendieron los miembros de las Irmandades en Lugo, que propiciaron la convocatoria de la primera asamblea nacionalista. Esta se fijó para el 24 de octubre de 1918, pero la pandemia de gripe de ese año provocó el aplazamiento de los actos hasta el 17 y 18 de noviembre. Aunque tradicionalmente se consideró que las “figuras de las Irmandades da Fala” – tal como se autodenominan en su manifiesto – se juntaron en los salones del hotel Méndez Núñez, en el centro de la ciudad, el investigador Julio Pardo de Neyra acaba de aclarar que, realmente, la cita fue en el teatro Lugo-Salón, situado en la esquina de la calle Obispo Aguirre con la actual Ronda de la Muralla.
Con independencia de que haya que desplazar 300 metros el lugar situado en el imaginario colectivo, el texto emanado de la “asamblea magna” sirve como esquema básico para conocer las apuestas estratégicas de aquellos galeguistas cuyo ideario aún es asumido y reivindicado, en gran medida, por el nacionalismo actual. “Con el corazón atestado de esperanza”, los asambleístas acordaron “fijar en un programa concreto” las que consideraban como soluciones “a los problemas que interesan de una manera profundísima a la vida nacional de Galicia”. En un momento en el que observaban el “albor de las nacionalidades”, consideraron urgente la “autonomía integral para Galicia”. Y como Galicia tenía “todas las caracterísitcas esenciales de nacionalidad”, decidieron “nombrarse” para siempre jamás “nacionalistas gallegos, ya que la palabra regionalismo no recoge todas las aspiraciones ni encierra toda la intensidad de nuestros problemas”.
Partiendo de las parroquias y ayuntamientos
Desde el convencimiento de que “habían llegado” los “tiempos de erguir el alma y el pensamiento de Galicia y, sobre todo, su soberanía, completa y sin mezquindad”, la asamblea dibujaba una “Galicia dueña absoluta de sí misma” que, “con voluntad libre”, podría “hacer boda de amor con otras soberanías, contra las que no va ni quiere ir nuestra soberanía”. Partiendo de esta base, abordaban un programa que, justo después de la “autonomía integral”, abordaba un “problema constituyente” que aún no ha sido resuelto 95 años después: la administración local. Su propuesta se asentaba en una “autonomía municipal” que distinguía “el municipio aldeano del urbano”. Los primeros serían “acomodados”, a su vez, “sobre la base del reconocimiento de la personalidad jurídica de las parroquias”.
Las parroquias estarían gobernadas por su respectiva junta, “elegida entre los cabezas de familia, hombres o mujeres, para cuidar de sus bienes privativos”. Los presidentes o presidentas de estos órganos serían “vocales natos o concejales de la corporación municipal y nombrarán, de entre ellos, al alcalde”. “Más que una organización de carácter administrativo”, los ayuntamientos se concebían como “una prolongación o complemento de las parroquias, como estas lo son del hogar, que presidirá la vida económica y social de las mismas”.
Tanto los ayuntamientos como el resto de organismos oficiales velarían por la “cooficialidad de los idiomas gallego y castellano” en Galicia, que a su vez estaría integrada en una federación ibérica que tuviera “igualdad de relaciones con Portugal” e ingresaría en la Liga de las Naciones. La asamblea no entraba a tomar partido en el debate de monarquía o república en el estado: “creyendo en la accidentalidad de las formas de gobierno, nos interesa aclarar que no apelamos por ninguna, mas simpatizaremos desde luego con aquella que se muestre más fácil para llegar a la federación con Portugal”, aclaraban. Si “en las elecciones para Cortes Constituyentes Españolas no se nos diese” una “garantía excepcional para que la voluntad del pueblo pueda manifestarse con libertad (...) apelaríamos a los representantes” de Euskadi y Catalunya y, “si no llegase con ello”, al “Estado más afín al nuestro para que en la Liga de las Naciones se defienda nuestro derecho a la libertad ciudadana”, advertían.
Fragmento del manifiesto manuscrito (descargar reproducción íntegra del texto)descargar reproducción íntegra del texto
El primer esquema del “poder gallego”
Partiendo de esta base, la Asamblea de Lugo desgranó las competencias básicas que debería tener un “poder gallego” en el que regiría la “igualdad de derechos para la mujer”, que contaría con un sistema electoral “proporcional” en el que no serían “elegibles los elementos que no rindan una función útil para la colectividad”. Previo “final de las diputaciones provinciales”, el “poder autónomo” estaría “representado por unha junta o Parlamento Gallego elegido por sufragio universal”, cuyas normas regularían un amplio abanico de competencias, comenzando por la de nombrar a los miembros de la “Xunta Gobernadora”, poder Ejecutivo gallego formado por “un presidente y seis secretarios”, estructura gubernamental que reconocía seis consellerías: Administración, Justicia, Enseñanza, Obras Públicas, Agricultura e Industria y Comercio. A este Gobierno le correspondería además la administración íntegra de todos los impuestos “sin intervención del poder central”, que recibiría del Ejecutivo gallego “la cantidad que se fije en los conciertos económicos”.
El poder gallego sería el encargado de “todas las funciones administrativas” y de la “legislación social”, además de asumir de manera íntegra la “potestad docente del Estado”. A juicio de los asambleístas, la Xunta Gobernadora tendría que “intervenir” también en el “régimen bancario, por la función social que hoy tienen los bancos”. En otras funciones, como la de “correos y telégrafos”, el Poder central daría el servicio, pero Galicia controlaría “el servicio de teléfonos”. En el caso del ferrocarril, este estaría íntegramente nacionalizado y, aunque las leyes básicas serían cosa del Estado, “su construcción y administración” también sería competencia gallega.
La “substantividad del derecho foral gallego”, que el último escalón de los tribunales de justicia estuviera en Galicia o la “repoblación forestal forzosa” eran otros de los preceptos de un programa político que incluía, además, aspectos que hoy parecen exóticos en un texto de estas características y que, no obstante, aun no han sido resueltos. Así, por ejemplo, la Asamblea declaró que debería ser considerado “un crimen contra Galicia el permanente absentismo de los propietarios de la tierra”. Además, el título séptimo del manifiesto se dedicaba íntegramente a una cuestión que pocos gobernantes actuales podrían abordar: los “aspectos artísticos”. Así, el 18 de noviembre quedó “proclamada” la “soberanía estética de la Nación Gallega”, que se concretaría en una ley que “obligue a los propietarios a acomodar el estilo de su construcción al estilo general de cada villa gallega”, en la “expropiación de los monumentos y paisajes” y en la “organización de la enseñanza artística, con la creación de una Escuela Musical Gallega”.
