La “trama corrupta y sancionadora” que los preferentistas llevan ante la Justicia
Varios miembros de la Plataforma de Afectados por las Preferentes do Baixo Miño acudieron este pasado lunes al Juzgado del Contencioso Administrativo de Pontevedra para presentar un total de 22 recursos contra las sanciones que les fueron impuestas por reclamar la devolución del dinero que tenían atrapados en preferentes y deuda subordinada de las antiguas cajas de ahorro. Denunciaron así lo que consideran “una campaña de acoso y una trama de corrupción” destinada a “criminalizarlos” y que, según aclaran, comenzó justo al tiempo que el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, señaló gravemente el colectivo con sus críticas.
Son en total más de cincuenta sanciones que afectan a más de veinte personas y en las próximas semanas se presentarán una docena de recursos más. Las multas recurridas este lunes suman unos 10.000 euros, pero en total son 18.000 los que se les reclaman la varias de estas familias, incluidas personas que casi alcanzan los 80 años. Y pertenecen, además, la única plataforma que tiene que enfrentarse la estos expedientes sancionadores, ya que en el resto de protestas por el incluso motivo en Galicia, o las multas fueron retiradas o los manifestantes no fueron nunca objeto de sanción.
Además, los afectados tienen que pagar unos 2.400 euros de tasas judiciales en total por el conjunto de recursos impuestos a unas multas de lo más surrealista. Varios miembros de la plataforma fueron expedientados por circular sin carnet o sin cinturón, por tocar la bocina o por ocupar espacio público. Y case todos ellos sancionados por alteración del orden, concentración ilegal o resistencia a la autoridad.
“Esperamos que la justicia nos dé la razón porque las sanciones son mentira; fueron arbitrarias y escogieron un grupo de personas para sancionarnos sin motivo alguno. Todo instigado por alcaldes caprichosos o agentes de la autoridad que no son autoridad ninguna... Y todo dirigido por Rafael Louzán”, acusa con claridad Xulio Vicente, portavoz de la plataforma, que en varias ocasiones fue señalado por el presidente de la Diputación en sus declaraciones y que acumula -él solo- más de 4.000 euros en sanciones, a pesar de que insiste en la “falsedad” de ellas. “Hay un antes y un después del momento en el que Louzán sale a la prensa a criminalizarnos y calificarnos de comando; después de año y medio de movilizaciones sin sanciones, a partir de aquel día empiezan a llegarnos”, insiste quien ya pidió a la Fiscalía que investigue el que considera “una trama de corrupción gravísima”.
De hecho, Vicente asegura que la Fiscalía mantiene una investigación abierta sobre las prácticas que dice “arbitrarias y de persecución” hacia el colectivo por parte de policías locales y guardias civiles que, según dice, fueron ordenados por alcaldes y la propia Diputación. “Louzán se sintió ofendido por la presión que ejercimos hacia regidores que acabaron poniéndose de nuestro lado y ahí empezó todo”, insiste después de poner varios ejemplos sobre las curiosas sanciones recibidas por varias familias de la plataforma. Una de ellas, según dice, a una persona que acaso circulaba mal y sin cinturón durante una protesta. “Ese hombre llevaba cinco años fallecido”, explica.
El propio Julio Vicente asegura que fue sancionado por participar en una protesta y que, tras demostrar con un escrito firmado por el presidente de una sucursal bancaria que estaba en esa oficina y no en la manifestación, se le mantuvo la multa. O el caso en el que fue sancionado por concentración ilegal a la salida de un juzgado tras ser absuelto de otra sanción. También hay una mujer multada por tocar la bocina , una señora de 79 años expedientada o multas de 40 euros por cada día que se ocupaba una acera con sillas para la gente mayor que acudía a las protestas. No llevar el cinturón puesto es otra de las recurrentes. Y case todas, explican desde la plataforma, sin que les fueran notificadas en el momento. “Multaban a través de fotografías en los medios o por las matrículas, ni se paraban a mirar si hacíamos algo”, añade.
“La oposición en Galicia debería exigir que se investigase esta trama y hacerle frente al presidente de la Diputación de Pontevedra, que es el instigador de todo; todo esto es un chiringuito controlado por el PP y que trabaja a su servicio”, acusa Vicente, que asegura que hubo alcaldes que recibieron presiones para multar los miembros de la plataforma y que muchos de ellos se negaron. Otros no.
Los primeros juicios están señalados para el próximo mes de noviembre y desde la plataforma piden que, al margen de que se considere que “no son delincuentes ni hicieron nada”, se investigue el que consideran una trama perfectamente preparada para “criminalizar e intimidar” el movimiento. Los culpables, para los miembros del colectivo, parecen bastante claros.
