Defensa esquiva la comisión sobre los incendios de Galicia pese a cobrar medio millón anual por participar en su prevención
Desde finales de enero está en marcha en el Parlamento de Galicia la comisión de estudio que aborda lo sucedido en la ola de incendios que el pasado octubre arrasó unas 50.000 hectáreas en apenas dos días y evalúa posibles vías de futuro para la política forestal gallega. Este órgano parlamentario tiene como guía el plan de trabajo aprobado en la propia comisión, que definió la documentación que manejará y las personas que llamará a comparecer. Una de las comparecencias solicitadas, en este caso por petición del PP, fue la de un “representante” de la Unidad Militar de Emergencias, una fuerza del Ejército creada en 2007 para intervenir en situaciones de “grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades” y que refuerza el dispositivo contra incendios en las olas de fuego de mayor gravedad. Dado que la UME actuó durante los incendios de octubre y en otros anteriores el Parlamento pretendía que aportara información sobre su actuación en la materia, pero se ha negado.
La petición de la Cámara gallega fue canalizada en los primeros días de marzo a través del Ministerio de Defensa, departamento del Gobierno central que cada año firma un convenio con la Xunta para colaborar en el combate de los incendios forestales. Este acuerdo ha sumado en la última década una aportación de casi 6 millones de euros de las arcas gallegas a las estatales y en los últimos tiempos ha venido suponiendo algo más de medio millón anual. La respuesta de la UME, remitida también por el Ministerio, entró hace menos de una semana en el Registro parlamentario y el propio departamento dirigido por María Dolores de Cospedal indicaba que escribía para “declinar la invitación a dicha comparecencia”.
En la comunicación del Ministerio se incluía una carta firmada por Miguel Alcañiz Comas, teniente general jefe de la UME. En ella acusa recibo de la “comunicación” en la que el legislativo gallego “invitaba a comparecer a un miembro de esta Unidad” ante la comisión de estudio -no de investigación- sobre los incendios forestales, la política forestal y la prevención y extinción del fuego. “Desde esta Unidad y desde todas las Fuerzas Armadas”, dice la carta, “tenemos el mayor de los respetos por las labores de los parlamentos autonómicos y sus comisiones de estudio”, declara. No obstante, dice, “por motivos obvios” de “ámbito competencial y de dependencia y sujeción administrativa, lamento tener que declinar la oferta”.
Los pagos de la Xunta al Ejército para prevenir los incendios
La “dependencia y sujeción administrativa” de la UME en última instancia no es otra que con el propio Ministerio de Defensa, que desde comienzos de siglo colabora con la Xunta en materia de incendios previo pacto de financiación por parte de Galicia. Esta relación entre ambas Administraciones fue replanteada tras la ola de incendios del verano de 2006, la peor en veinte años, con la firma de un nuevo protocolo de actuaciones, con nuevas definiciones de niveles de riesgo y dispositivos que son concretados en convenios anuales.
El convenio más reciente, el de 2017, tuvo una financiación inicial de casi 570.000 euros públicos procedentes de la Consellería de Medio Rural, e implica el “despliegue operativo de patrullas terrestres” del Ejército en los montes gallegos con la “misión de vigilancia y disuasión, compuestas por militares sobre vehículo y medios aéreos” que cuentan además con instrumental aportado por la Xunta. En el nivel más alto de riesgo el acuerdo contempla hasta 75 patrullas militares y 2 helicópteros. Deja abierta la puerta a la aportación de más medios siempre y cuando la Xunta pague más y siempre con la condición de que cualquier desperfecto causado por los cuerpos militares sea sufragado también por el Gobierno gallego. No detalla, tampoco, las intervenciones excepcionales de la UME.
Esta no es la primera vez que el Gobierno central boicotea una comisión del Parlamento de Galicia, aunque anteriores ocasiones había sucedido con departamentos que no mantienen una relación tan estrecha con la Xunta y que, sobre todo, no reciben financiación anual de la Administración pública gallega. Así, por ejemplo, son varios los departamentos y entidades dependientes o ligados con el Gobierno de España que han evitado proporcionar la información solicitada desde el Pazo do Hórreo para incorporarla a la investigación sobre la fusión y desaparición de las antiguas Caixa Galicia y Caixanova
