Desahucio inminente para una familia con un bebé en Ourense, que acumula 15.000 viviendas vacías
Es inminente el desahucio de una familia con dos hijos –uno de ellos, de un año– por no poder hacer frente durante medio año a un alquiler de 310 euros y a los gastos de luz, agua y sustento básico en el barrio de Ponte, en Ourense. Se trata de un caso más de las graves consecuencias sociales que la crisis está dejando en Galicia, como este de María, ourensana que hasta no hace mucho tenía una pequeña empresa de limpieza y que vio cómo sus trabajos iban a parar a manos de una compañía más grande. Se quedó sin empleo y la familia acumuló una deuda de 2.170 euros tras siete meses sin pagar el alquiler.
Fue entonces cuando la propietaria de la vivienda inició un procedimiento de desahucio exprés que tenía que ser llevado a cabo este mismo lunes y que fue aplazado hasta el próximo 3 de marzo mientras se busca una alternativa real para María y su familia. Ante el portal, se concentraron miembros de Stop Desahucios, pero “no con el objetivo de paralizar nada”, sino con la intención de “señalar” un caso que por desgracia se repite en otros muchos lugares y que supone, según el colectivo, “un ejemplo más de que hay que cambiar las políticas y de que la Administración no ofrece alternativas a dramas sociales como este”.
“La propietaria fue siempre muy razonable y siempre dejó claro que no quería dejar a nadie en la calle; quien está fallando aquí es una Administración que parece crear un conflicto entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda”, insiste Stop Desahucios de Ourense, que denuncia la “ausencia de alternativas reales” ofrecidas por la Xunta a través del Instituto Gallego de la Vivenda y el Suelo (IGVS), que se limitó a ofertarle una vivienda social en Castro Caldelas o en Carballeda de Valdeorras –a más de 30 y 45 quilómetros, respectivamente–, lo que provocaría, según el colectivo, otro problema añadido de “desarraigo o escasas posibilidades de encontrar trabajo en estos pueblos con los cuales no tiene ningún tipo de relación”.
“Tengo un hijo estudiando en Ourense y otro de un año y lo que nos ofrecen es irnos lejos de donde tenemos la vida y a un lugar donde será más difícil encontrar un trabajo; yo no quiero vivir toda la vida del Estado, quiero trabajar y salir adelante”, explicar María, cuyo marido cobra unos 225 euros al mes con un contrato de diez horas a la semana. “Siempre le pueden dar más horas y empezar a mejorar”, explica con esperanza quien recibe unos 500 euros de la Risga (Renta de Inserción Social de Galicia).
Ahora, aspira a encontrar un alquiler “acorde con sus posibilidades” en estas dos semanas más que tiene de plazo antes de tener que abandonar su vivienda. Y lo hará buscando en una ciudad que es la capital de la provincia que lidera el promedio estatal de viviendas vacías, según los últimos datos del INE: en la provincia está vacío un 22,7% del total de viviendas, 55.936 de 245.970. En la ciudad se acumulan unas 15.000 casas sin ningún ocupante, una cifra que incluso el Ayuntamiento eleva a más. “La Xunta no le ofrece nada ni se lo va a ofrecer mientras no haya un cambio de políticas que permitan la posibilidad de una vivienda digna para los más necesitados”, insiste Stop Desahucios, que advierte de que la ausencia de residencia “lleva consigo en la práctica la imposibilidad de ejercer otros derechos e impide a las personas afectadas realizarse, tanto profesional como familiarmente, y en muchos casos supone la condena a la exclusión y a la marginación social y económica”.
Pero las peticiones que Stop Desahucios realizó a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ourense y a la delegación del IGVS no han dado resultado. Ahora, solo la oportunidad que da el aplazamiento del desalojo permite a María y a su familia mantener la esperanza de encontrar un alquiler.
Mientras tanto, el colectivo recuerda que el presidente de la Xunta firmó un convenio con el Consejo General del Poder Judicial y la Fegamp (Federación Gallega de Municipios y Provincias) para la detección de casos de familias en situación de especial vulnerabilidad y que prometió 500 viviendas en Galicia. “Pero solo se han entregado 43 en dos años”, tal y como subrayan los colectivos PAH de toda Galicia, que recuerdan también que cada mes son desahuciadas 200 familias en la comunidad.
También advierten que el Gobierno central firmó otro convenio con 36 entidades financieras para la creación de un parque de vivienda social. “¿Dónde están esas viviendas cuando María necesita una?”, insisten tras denunciar que el Sareb (banco malo) “acumula vivienda que las entidades financieras no consiguen vender, para que no bajen los precios del mercado, negándoselas a las personas que las necesitan a unos precios razonables, incumpliendo así la encomienda del artículo 47 de la Constitución”.
“Sí existen recursos económicos, pero se están destinando a seguir alimentando operaciones inmobiliarias especulativas”, dice el colectivo, que “exige” a Feijóo “que cumpla de una vez con la promesa que hizo de proporcionar 500 viviendas de alquiler social para finalizar con situaciones como la que vive María”, vecina de Ourense que contactó ya hace más de un mes con Stop Desahucios. Fue su alternativa para evitar quedarse sin casa.
