Los desahucios multiplican por 15 las ocupaciones en el primer trimestre del año en Galicia

Los desahucios descendieron en el primer trimestre del año en Galicia. En comparación con el mismo periodo del año anterior, son un 5% menos. Bajaron fundamentalmente los derivados del impago de hipotecas, que pasaron de 106 a 84, es decir, un 20,8% menos. Los debidos a no abonar el alquiler se mantuvieron prácticamente sin cambios y pasaron de 352 a 351. En total, hubo 435 desahucios, una cifra que multiplica por 15 la de ocupaciones denunciadas en los mismos tres meses.

Los datos publicados este lunes por el Consejo General del Poder Judicial concretan que entre enero y marzo se iniciaron en Galicia 29 procesos ante la justicia por casos de ocupación ilegal de vivienda. Suben con respecto a hace un año, cuando fueron solo 11, pero siguen representando un porcentaje pequeño del total de España: son el 1,1%. Comparados con los desahucios, las estadísticas de la justicia muestran que la magnitud es mucho mayor en este segundo caso. Por cada ocupación que se denuncia hay 15 hogares desalojados.

A pesar de estas cifras la Xunta mantiene el tono alarmista con respecto a la ocupación de vivienda e insiste en situarla en la agenda. Hace menos de un mes, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, pidió al Gobierno central una reforma legislativa que “ofrezca soluciones duraderas y eficaces” ante estos casos, que considera que “generan una sensación de impunidad entre los afectados”. Entre sus propuestas para es modificación “urgente” están un endurecimiento de las penas a la que atribuye un potencial disuasorio y un efecto para “acaba con la sensación de impotencia de los afectados”.

Es la última de una serie de declaraciones de la responsable de Vivenda del Gobierno gallego, que ha hablado en numerosas ocasiones de “problema agudo” y de que los propietarios están “indefensos”. A finales de 2020 la Xunta decidió habilitar un servicio de asesoramiento legal gratuito para quienes poseen viviendas. Dos años antes había dejado decaer un acuerdo para prestar un servicio similar a personas amenazadas por un desahucio y en riesgo de exclusión. El problema de acceso a la vivienda es uno de los que las asociaciones que trabajan en programas contra la pobreza señalan como central para salir de las situaciones de precariedad.