La Xunta dejó sin gastar dos de cada tres euros de los fondos para el acceso a la vivienda en el año en el que agitó el alarmismo por la ocupación

Imagen de un cartel de 'se alquila' en un edificio.

Dos de cada tres euros de los fondos que Galicia reservó en 2020 para políticas de acceso a la vivienda se quedaron sin destino, en un año en el que la pandemia de la COVID-19 abrió un periodo de incertidumbres sanitarias, pero también económicas y en el que el discurso de la Xunta en este apartado hizo de la ocupación uno de sus caballos de batalla, pese a la ausencia de datos que apuntasen a un crecimiento de los casos. De acuerdo con la información remitida por el Gobierno gallego al Parlamento sobre el cierre de las cuentas del pasado ejercicio, el 64% del presupuesto en este capítulo se quedó sin gastar.

La Xunta ofrece a los propietarios de viviendas el servicio de asesoramiento legal gratuito que eliminó hace dos años para las víctimas de desahucios en riesgo de exclusión

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Los presupuestos gallegos incluían inicialmente una partida de casi 11 millones de euros para facilitar el acceso a la vivienda. La cuantía acabó subiendo hasta los 27,5 tras modificaciones en las cuentas públicas. La Xunta hizo uso de algo menos de 10 millones, es decir, un 36%. El diputado del PSdeG Luis Álvarez presentó esta semana varias iniciativas en la Cámara gallega para pedir explicaciones por la baja ejecución en un programa que califica de "fundamental para el bienestar" de los ciudadanos y en el que Galicia tiene competencias exclusivas.

Tampoco consumió la Xunta todos los recursos en otro apartado en el que el propio presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, insiste en sus declaraciones en materia de vivienda: la rehabilitación. Para fomentar la recuperación de edificios ya construidos y la calidad estaban reservados el año pasado 64,5 millones de euros, pero no se le dio uso a uno de cada tres euros para este fin. Se gastaron 42 millones, que equivalen a algo más del 65% del dinero disponible.

La ejecución fue inferior el año anterior. En 2019 el Gobierno gallego gastó solo el 28% de los fondos asignados a acceso a la vivienda y el 59,5% de los destinados a fomento de la rehabilitación, según los documentos depositados en el Parlamento gallego. Estas dos líneas están, sin embargo, entre las que Feijóo citó como principales en la presentación, el pasado enero, del Pacto Social por la Vivienda 21-25. Entonces señaló que la Xunta dotará este plan con 433 millones, lo que supondría 86,6 cada año. Los cálculos son que, contando con la iniciativa privada, en total se van a movilizar más de 1.000 millones. En el acto para avanzar los contenidos del pacto aseguró que su Gobierno está comprometido con "una vivienda más accesible, con la rehabilitación y con la regeneración de espacios".

El presidente gallego mencionó en ese mismo evento la necesidad de "paliar la exclusión residencial". Dijo que para ello Xunta y entidades de servicios sociales establecerán una colaboración centrada en los colectivos vulnerables. Las declaraciones de la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, a lo largo de 2020 pusieron, sin embargo, el foco sobre la ocupación ilegal. Este departamento calificó el problema de "agudo" y llamó el pasado mes de septiembre a "dar un paso adelante" para "atajarlo". Unas semanas después, el Consello aprobó financiar un teléfono de asesoramiento gratuito disponible 24 horas para propietarios de vivienda. El servicio, prestado a través de un convenio con el Consello da Avogacía, costará 27.000 euros anuales a las arcas públicas. Hace dos años, el Gobierno gallego dejó de renovar un acuerdo con esta misma entidad para atender a personas en riesgo de exclusión social con amenaza de desahucio.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial siguen apuntando a que el de los desahucios es un problema que supera al de las ocupaciones de viviendas: los primeros multiplican por 15 a las segundas. En 2020 hubo 1.398 lanzamientos en Galicia, la mayoría por impagos del alquiler. La cifra cayó un 38,4% con respecto a 2019, en un año en el que el Gobierno central paralizó los desahucios de personas vulnerables. Las demandas por ocupación ilegal fueron 94, un 35,2% menos que en el ejercicio anterior.

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