La oposición gallega exige explicaciones a la Xunta por la corrupción que salpica los negocios de Pemex en Galicia
El exdirector general de la petrolera estatal mexicana Pemex, Emilio Lozoya, está formalmente inhabilitado durante 10 años para ocupar cualquier cargo público y las autoridades mexicanas lo consideran abiertamente como “prófugo de la justicia”. Sobre él pesan acusaciones de presuntos delitos como soborno y blanqueo de capitales; le atribuyen la recepción de dinero en el caso Odebrecht, considerada la mayor trama de corrupción descubierta en la historia reciente de América Latina, y lo hacen responsable de impulsar que Pemex haya comprado empresas del sector de los fertilizantes con abundantes sobrecostes.
Junto a Lozoya, las nuevas autoridades mexicanas también señalan, al menos, como responsables de prácticas empresariales presuntamente corruptas a otros dos exdirectivos: Carlos Roa y José Manuel Carrera Panizzo, quienes habían sido miembros del consejo del astillero vigués Barreras después de que Pemex se hiciera con la mayoría de su accionariado para, entre otros fines, “transferir” a la compañía estatal la tecnología desarrollada en Galicia. Lozoya, Roa y Carrera Panizzo fueron personajes clave en los negocios de Pemex en Galicia que apadrinó la Xunta y por eso la oposición gallega reclama explicaciones “urgentes” en el Parlamento.
En una solicitud de comparecencia firmada conjuntamente por Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG), Antón Sánchez (portavoz del ahora tercer grupo de la Cámara, provisionalmente aún denominado En Marea) y Ana Pontón (BNG) las tres fuerzas reclaman, concretamente, una comparecencia urgente del conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde. Se trata, explican en la petición registrada el pasado día 27, de que “valore las posibles implicaciones de Pemex en casos de corrupción y su repercusión en la industria gallega”. No en vano, recuerdan estas formaciones, el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha apunatdo su intención de “revisar contratos con astilleros españoles”, en implícita referencia a Navantia y Barreras.
Conde, primero como uno de los asesores más próximos a Alberto Núñez Feijóo y después como conselleiro, fue junto al propio presidente gallego uno de los dirigentes más implicados en los contactos con Pemex, sobre los que el titular de la Xunta había llegado a prometer miles de empleos y decenas de buques y proyectos industriales, aunque en realidad los principales resultados tangibles fueron la construcción de dos barcos -uno en Navantia y otro en Barreras- y la mencionada compra de acciones del astillero vigués. Por eso la oposición gallega considera que las primeras explicaciones deben ser las suyas.
Conde acompañó a Feijóo, por ejemplo, en el viaje a México durante el que, en marzo de 2014, el presidente aseguró tras reunirse con Lozoya y en compaña de Carrera Panizzo que acababa de “profundizar en el compromiso de construcción naval entre Pemex y los astilleros gallegos” y de “abrir la posibilidad de nuevas contrataciones”. En esta línea, durante una visita a una plataforma petrolífera de la empresa estatal mexicana, Feijóo había asegurado ser “ciertamente optimista” porque “el mundo del petróleo es todo un sector económico de una enorme importancia en el mundo” y “Galicia tiene que estar ahí, tenemos que incorporarnos y tenemos que buscar nuestro hueco en el sector del petróleo tomando como referencia a Pemex como nuestro aliado estratégico”, había dicho en un anuncio que no había llegado a concretarse.
Mientras los casos de presunta corrupción en Pemex llegan a la política gallega, su recorrido judicial continúa. Uno de los últimos pasos tiene como protagonista a Alonso Ancira, expropietario de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), detenido en Palma de Mallorca a finales de mayo por orden de México en el mismo día en que era ordenado el arresto de Lozoya y sus cuentas bancarias, congeladas. Las pesquisas de México consideran a Ancira clave en los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a políticos mexicanos, ya que Altos Hornos era propietaria de una de las plantas de fertilizantes compradas por Pemex con supuestos sobrecostes siguiendo órdenes de Lozoya.
Como ha informado el periódico mexicano El Universal, la Fiscalía General de la República de México ratifica que la Audiencia Nacional de España ha decidido dejar a Ancira en libertad bajo fianza de un millón de euros, lo que no implica que se interrumpa el proceso de extradición al país centroamericano. Este procedimiento sigue “su curso normal”, dice el Ministerio Público mexicano, que lo acusa de presuntos delitos de fraude fiscal y corrupción por la venta de una planta de fertilizantes a Pemex con un sobreprecio estimado de unos 500 millones de pesos -unos 23 millones de euros-. En el marco de esa operación los investigadores detectaron transferencias de Altos Hornos a empresas ubicadas en paraísos fiscales vinculadas a Odebrecht y a Lozoya, detalla el mismo periódico.
