Cuando Feijóo se quejaba por ser ignorado en el pacto urbanístico del que ahora excluye al gobierno de A Coruña
Eran otros tiempos y la realidad política, muy distinta a la actual. En octubre de 2004 el PP gallego transitaba por uno de sus períodos de mayor debilidad. Seis meses después de que el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero lograse la victoria en las elecciones generales, Manuel Fraga había tomado la inédita decisión de nombrar a dos vicepresidentes, uno para cada gran sector interno del partido, en un movimiento que había sido leído en clara clave sucesoria apenas un año después de que el sector apodado como “de la boina”, comandado por el baltarismo ourensano, hubiese estado a punto de dejarlo sin mayoría absoluta en el Parlamento. El vicepresidente primero de la que sería última crisis de Gobierno del fraguismo era Alberto Núñez Feijóo, conselleiro de Política Territorial que había sustituido a Xosé Cuíña, y uno de sus primeros conflictos había estado ligado a los pactos políticos sobre el futuro del puerto de A Coruña, del que decía sentirse excluido.
Case catorce años antes de protagonizar, este miércoles, la fotografía que abre la puerta a la privatización del 80% de los terrenos portuarios de la ciudad cuando dejen de tener este uso y de hacerlo entre protestas del Ayuntamiento por no haber sido ni invitado al acuerdo ni al propio evento, quien se quejaba era el propio Feijóo. Con el cambio de color político en el Gobierno de España la nueva ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, comenzó a cuestionar el convenio que había sido firmado inicialmente por el entonces alcalde, Francisco Vázquez (PSOE), y por el ministro de Fomento del PP, Francisco Álvarez-Cascos, para financiar el futuro puerto exterior de punta Langosteira. “La intención -decía el gabinete de la ministra- era ”que eb kis terrenos liberados haya más viviendas sociales y equipamientos“ públicas.
Los recelos del Gobierno socialista no habían gustado en el Ayuntamiento, pero todavía menos en la Xunta. El gabinete de Núñez Feijóo, como había recogido en aquellas fechas La Voz de Galicia, afirmaba que eran “necesarias las ratificaciones de los ayuntamientos implicados y de la Xunta, pero en ningún caso del Ministerio de Fomento”, ya que Álvarez-Cascos ya había dejado el texto firmado. A pesar de todo, los cambios sí que llegaron y fueron rubricados por el alcalde Vázquez y la ministra Álvarez el 4 de octubre de aquel mismo año. El Ayuntamiento, protagonista de la imagen, dijo estar satisfecho con el acuerdo, que indignó al nuevo vicepresidente gallego.
Núñez Feijóo consideraba que los cambios introducidos ponían en riesgo la financiación del puerto exterior y arriesgaban a la Autoridad Portuaria a una enorme deuda. Pero, más allá de los detalles concretos, censuraba sobre todo las formas. Lo sucedido había sido una actuación “unilateral” de las Administraciones gobernadas por el PSOE, que habían ignorado que la Xunta también tenía que ser “parte” del acuerdo. “No puede ser un convenio clandestino”, resumía, y por eso exigía conocer de inmediato el texto íntegro firmado por la ministra y el alcalde. “La lealtad institucional aconsejaría que la Consellería participara del texto”, declaraba días después entre críticas a Zapatero: “presumen de talante, pero vienen a este país y no le transmiten a la Xunta lo que firman en materias de su competencia, como son la vivienda y el puerto”.
Aquellas exigencias de “colaboración institucional”, salpicadas por la reivindicación del publicitadísimo Plan Galicia, cambian en la actualidad de color político e institución. El Ayuntamiento coruñés, gobernado por la Marea Atlántica, ha sabido de la firma del protocolo sobre los terrenos del puerto “por la prensa” y el alcalde ni ningún edil fueron invitados al acto, del que también fue desplazada la Diputación provincial, dirigida por PSdeG y BNG. El gobierno local reclama conocer los detalles del texto firmado, que no fue hecho público, y por eso el alcalde señala que no puede ni valorarlo. “Es muy difícil valorar a partir de declaraciones a la prensa, sin documentos”, resume Xulio Ferreiro, quien censura que se “intente diseñar A Coruña sin contar con A Coruña” y “ninguneando” al Ayuntamiento.
Mientras, desde el Gobierno gallego se destaca que tanto el gobierno local como la institución provincial están invitados a participar. Concretamente, para “aportar ideas sobre los usos a los que se dedicarán las parcelas” que no sean privatizadas y para poner dinero en la operación de compra de los terrenos en la actualidad de titularidad estatal. Por su parte la conselleira de Medio Ambiente y virtual candidata del PP a la alcaldía coruñesa, Beatriz Mato, ha manifestado a través de Twitter que “ahora sí, el puerto es de todos los coruñeses”, ha señalado que “es el momento de construir realidades, no utopías” y ha enmarcado el acuerdo en la buena gestión de las Administraciones dirigidas por los populares, mientras que acusa a Ferreiro de estar “enrocado” y “paralizando la ciudad”.
