“Hacienda sigue multando a los emigrantes y la Xunta es su cómplice”
Hacienda no solo no atiende las reclamaciones de los pensionistas emigrantes, sino que desoye las peticiones de la Xunta y mantiene e incluso reactiva la campaña en las que se les reclaman multas, intereses de demora y la cuantía de las declaraciones exigidas por los pagos que desde 2008 perciben de los diferentes Estados en los que trabajaron. Todo, a pesar de que nunca habían sido advertidos de la obligatoriedad de declarar esas cantidades o cuando incluso habían sido informados de que no era obligatorio hacerlo.
Aquel acuerdo unánime en el Parlamento gallego, en el que toda la Cámara solicitaba que no se mantuvieran las multas a los emigrantes que regularizaran su situación, no ha servido de nada por el momento. Tampoco las reclamaciones por carta que la propia conselleira de Hacienda, Elena Muñoz, hizo ante el Gobierno central y la propia Agencia Tributaria, ni las gestiones del presidente Feijóo. Y todo, a pesar de que, tal y como adelantó este diario, Hacienda sí advierte ahora en los borradores a los pensionistas afectados que deben declarar las pensiones del extranjero, reconociendo implícitamente la “desinformación” que denuncian los emigrantes.
“Se están delatando, asumiendo que ahora informan de lo que antes nunca informaron”, dice Manuel Domínguez, portavoz de la Coordinadora Nacional Gallega de Emigrantes Retornados, que cree que, al margen de que el Gobierno central no esté por la labor de eximir de las sanciones a los afectados, la Xunta “no hace absolutamente nada para que Hacienda cambie de parecer”. “Se limita a recoger nuestras reclamaciones y a enviar cartas, pero sin ninguna propuesta seria. En cierto modo, es cómplice del Estado en esta campaña sancionadora”, insiste.
En el Parlamento, y a preguntas del PSdeG, la conselleira de Hacienda aseguró este miércoles que la Xunta sigue “pidiendo a la Agencia Tributaria que no imponga sanciones a los emigrantes” al no tener estos “voluntad” de defraudar. “Resultados, cero”, le respondió la diputada socialista Carmen Gallego en la Cámara, mientras a las puertas de la sede parlamentaria se manifestaban varios afectados, advirtiendo de que “castigarán” el PP en las próximas elecciones europeas.
Además, y según los cálculos que la Agencia Tributaria le ofreció a la Xunta, serían 11.000 los pensionistas emigrantes que aún están afectados por la campaña sancionadora. También según estas cifras, el promedio de las sanciones se elevaría a algo más de 270 euros, a lo que habría que añadir los 600 euros que les suponen las liquidaciones. Desde las plataformas de emigrantes retornados aseguran que las multas son superiores –de más de 600 euros de promedio– y que no solo no se ha reducido el ritmo de las reclamaciones, sino que Hacienda ha reactivado la campaña.
“La campaña no solo continúa, sino que se hace con una cierta prepotencia porque al mismo tiempo que dicen que mirarán caso por caso, no dan marcha atrás en la retirada de las sanciones, que sería lo más lógico. Si no somos defraudadores, no tenemos por qué ser sancionados”, insiste Domínguez. Desde las diversas plataformas entienden que los afectados deben regularizar su situación fiscal, pero no entienden que se les apliquen sanciones e intereses de demora cuando ahora la propia Agencia Tributaria asume su error al informar de lo que antes no informaba.
“Todos los días llegan nuevas sanciones y recibimos llamadas de todos puntos de Galicia advirtiéndonos de ellas”, asegura Xosé Lois Leirós, otro de los portavoces de la Coordinadora Nacional Gallega de Emigrantes Retornados, que se queja también del “silencio” de la Agencia Tributaria, que ni recibe a los afectados ni les informa sobre los resultados de sus reclamaciones.
La Coordinadora, que lleva meses manifestándose, pide “la anulación de todos los expedientes sancionadores instruidos por la Agencia Tributaria y que se le han notificado en los últimos meses a personas beneficiarias de pensiones en el extranjero por no tributar por estas cantidades en los ejercicios 2008-2012”, además de la anulación del cobro de intereses de demora y la modificación de la ley para “garantizar la igualdad de trato para los emigrantes retornados”. También reclama que se “anulen los requerimientos relativos a los ejercicios comprendidos entre los años 2008 y 2012”, así como que se revisen los convenios marco con otros países y que se modifique la normativa para que se fije “un mismo régimen del IRPF, con independencia de si estas proceden de un Estado o de varios Estados”.
