El Hospital de Vigo, ¿riesgo público y beneficio privado?
El pasado viernes la Xunta anunciaba que “la financiación del nuevo hospital de Vigo consigue una nueva fase”. Construido por el modelo de colaboración público-privada, según el cual una empresa construye el complejo con sus propios recursos y después el Servizo Galego de Saúde (Sergas) lo utiliza con el pago de un canon anual, el complejo hospitalario vigués estaba en un momento más que incierto por las dificultades de las compañías privadas que lo promueven para conseguir financiación en los bancos. Pero “todas las entidades con las que se está estructurando el proceso han dado su aprobación preliminar”. Habrá dinero para la operación y llegará desde “varias entidades comerciales”, pero también desde el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y a través de Axis, entidad perteneciente al Instituto de Crédito Oficial (ICO).
La propia conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, anunciaba la operación durante la que que el Gobierno gallego mostró como “una visita rutinaria” a las obras del complejo. Veinticuatro horas más tarde la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, que sigue de cerca el proceso desde su inicio, mostraba sus reticencias. A través de su portavoz, Manuel Martín, el colectivo parte de la base de que “las declaraciones de la conselleira carecen de toda credibilidad, dadas las falsedades que sistemáticamente vierten los responsables del PP, que desde hace meses anuncian la solución de la financiación y niegan que las obras estén paralizadas por falta de fondos”. Por lo tanto, ironiza, Mosquera está anunciando que “han solucionado un problema que no existía”.
Pero, al margen de esta cuestión, Martín censura que Sanidade, tras “ocultar de manera continuada información” sobre el proceso, comunique que “la financiación ya no será a riesgo y ventura de la concesionaria, como estipulaba el contrato”, sino que “la Administración aportará directamente el 40% de la inversión para construir el hospital”, ya que recurre “a créditos del BEI y del ICO”. Esto, explica, “supone que la obra computará como deuda pública, negando así uno de los argumentos de la Xunta para hacerlo recurriendo a financiación personal”. Pero la entrada de los fondos públicos en la obra no impedirá que “haya que pagar el canon de 70 millones anuales a las empresas privadas, multiplicando el costo del nuevo centro”.
Todo esto, señala la asociación, sucede después de que ya se produjeran “serios recortes” en el proyecto hospitalario, en ámbitos como “camas, superficie, dotación de servicios y equipación”, que “limitan su capacidad como hospital estratégico para el área sur de Galicia”. Este tijeretazo, aseguran, se aplica “con la finalidad de reducirles costos a las empresa concesionarias y mantener el hospital privado Povisa como hospital de área”. “Habría que recordar que los hospitales de Madrid” construidos por este mismo método “fueron vendidos posteriormente a empresas de capital riesgo del Reino Unido, lo que supondría su privatización total”. Así las cosas, y dado que “se vulneró flagrantemente el contrato entre la Xunta y la concesionaria”, consideran que es necesario “anular” la operación y “renovar la obra con financiación pública, lo que abaratará costos totales y evitará la privatización”
