Llega a juicio 20 años después el fraude de la patronal gallega con fondos públicos para cursos de formación

El juicio sobre el supuesto fraude millonario de subvenciones ocurrido en la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) a finales de la década de los noventa llega por fin a juicio. El tribunal estudia el fraude en la gestión de fondos para formación de parados que la patronal gallega recibía de administraciones públicas y acababa utilizando para otros gastos como la reforma de su sede o el abono de facturas del día a día como pago en restaurantes, cafeterías y quioscos. El caso fue destapado en febrero de 2001 por informaciones periodísticas de la Cadena Ser Galicia y El País. Más de 20 años después arranca el juicio. El principal acusado, Rafael Sánchez Sostre, que fue secretario de la CEG hasta el año 2000, se ha acogido a su derecho a no declarar.

Tras varias suspensiones, la última ocurrida en 2019 por “traspapelarse” miles de folios, el juicio arrancó este miércoles en la Sección de la Sexta Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, en donde se celebrará durante 12 jornadas. Las defensas alegaron, en septiembre de 2019, indefensión al no haber podido accedido a 21 tomos de la causa --la cantidad total difiere entre los 6.000 y los 9.000 folios en función de lo que dice cada parte--. Por ello, reclamaron una suspensión, a la que accedió el tribunal.

Para el principal acusado, el que hasta ese el año 2000 fue secretario de la patronal gallega, Rafael Sánchez Sostre, Fiscalía pide cuatro años de prisión y una multa de dos millones de euros por un delito de fraude de subvenciones.

Los otros ocho acusados se enfrentan a peticiones de dos años de prisión --y multas que oscilan entre los 50.000 y los 500.000 euros--. Entre ellos hay socios, gestores y representantes de empresas organizadoras de cursos de formación por supuestamente apropiarse de fondos públicos destinados a tal efecto entre los años 1996 y 1999

Para ejemplificar la dilación en este proceso, el abogado principal acusado decía en 2019 que comenzó con 40 años en la causa y por entonces tenía 59. “Me voy a jubilar antes de que se termine”, afirmaba en una intervención en la que pedía la prescripción de los delitos.

De acuerdo con Fiscalía, todos los acusados, “con la finalidad de conseguir un beneficio patrimonial”, se apropiaron de fondos públicos justificados a través de “cursos no realizados”, facturas “dobladas” y la “imputación excesiva de coste” de profesorado, aulas y manuales didácticos, además de “otros excesos contables”.

En este contexto, se considera a Sánchez Sostre, por aquel entonces secretario de la CEG, como el “máximo responsable” de la trama y de ser el “encargado de tramitar y dar cumplida cuenta” entre los años 1997 y 1999 de subvenciones ascendentes a varios millones de euros y procedentes de fondos europeos, correspondientes a planes de formación que gestionaba el INEM -a través de la Fundación para la Formación Continua (Forcem)- o convocaba la Xunta.