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Pacientes de hepatitis intentan que el Gobierno no fiche a la directiva de la Xunta investigada por retrasar tratamientos

Protesta de la plataforma de afectados por la hepatitis C en el Concello de Vigo

David Lombao

El pasado 27 de marzo la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia admitió que, como había adelantado eldiario.es, su subdirectora general de Farmacia, Carolina González-Criado, se disponía a abandonar el Servizo Galego de Saúde (Sergas) “a petición propia” con rumbo al Ministerio de Sanidad, “cedida para la realización de un estudio relacionado con el área farmacéutico”. No obstante, fuentes del departamento del Gobierno central reconocieron, como informó este diario, que el destino final de González-Criado será ocupar la Subdirección General de Calidad del Medicamento en el propio Ministerio. El hecho de que este movimiento se produzca mientras la directiva sigue investigada por presunto homicidio imprudente en la causa judicial por el retraso de tratamientos de hepatitis en Galicia ha indignado a la plataforma que representa a los enfermos, colectivo que intenta evitar que el nombramiento llegue a producirse.

La Plataforma Galega de Afectados pola Hepatite C ha mantenido en las últimas semanas contactos con los grupos de la oposición parlamentaria gallega y también del Congreso con la intención de intentar incrementar la presión política sobre esta designación. En reuniones con los responsables del área sanitaria de En Marea, PSdeG y BNG -Eva Solla, Julio Torrado y Montse Prado-, con las diputadas en el Congreso Pilar Cancela (PSOE) y Ángela Rodríguez (En Marea), así como con el portavoz sanitario de Ciudadanos en la Cámara Baja, Francisco Igea, el colectivo ha reclamado “que adopten las medidas que estén a su alcance” para “evitar el nombramiento”. Los partidos han comprometido iniciativas al respecto mientras la Plataforma continúa su acción con una carta dirigida a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat.

“Los grupos parlamentarios con los que hemos contactado, claramente y sin excepciones, han definido como un escándalo y algo inadmisible la posibilidad de que la señora González-Criado sea nombrada”, afirma la presidenta de la plataforma, Elena Rivas, quien firma la carta remitida a Montserrat. “No podemos -dice la misiva- más que mostrar nuestra perplejidad”, ya que la hasta ahora responsable farmacéutica del Sergas “se encuentra incursa” como investigada -antigua imputación- “en el procedimiento penal (...) por delitos de prevaricación en nueve casos, posteriormente ampliados a 12”, y por otros seis casos de presunto homicidio imprudente“. ”La instrucción dura ya dos años“ en los que los cargos investigados han pedido el archivo, mientras que el juez instructor sigue acordando nuevas pruebas, resaltan.

La propia plataforma, resalta Rivas, está personada en el procedimiento como acusación popular y “tiene la intención de solicitar la apertura de juicio oral” cuando finalicen las diligencias pendientes en un proceso que, recuerdan, arrancó con una denuncia de la Fiscalía. “Quiere esto decir -advierten a la ministra- que existe una alta probabilidad de que en un plazo no muy alejado se pueda acordar la apertura de juicio”. En este contexto, resaltan, las personas “perjudicadas” por el retraso de los tratamientos de hepatitis se sienten “dolidas” por que González-Criado “se vea promocionada profesionalmente”.

“Le rogamos que reconsidere la decisión de cualquier posible nombramiento o designación de la señora González-Criado para puesto o cargo alguno en su Ministerio”, al menos “mientras no se concluya la instrucción judicial en marcha”, ya que lo contrario “sería un apoyo político explícito a quien presuntamente delinquió en el ejercicio de sus funciones”, concluye la carta de la Plataforma. “Desde el momento en que el juez dictó la apertura de diligencias” el colectivo de afectados pidió la dimisión tanto de González-Criado como de Félix Rubial, director general de Asistencia Sanitaria en el momento de los hechos y actual gerente del área sanitaria de Vigo. La permanencia de ambos en puestos públicos, afirma la presidenta de la plataforma, es “intolerable” mientras el caso no quede aclarado.

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