Los ayuntamientos gallegos reclaman participar en la coordinación de la desescalada para abrir mercados y playas

El control y la viabilidad de muchas de las medidas que se impongan en la reiterada “nueva normalidad” recaerá sobre los ayuntamientos y su personal, por lo que los alcaldes y alcaldesas reclaman formar parte de las decisiones que se tomen para la desescalada. “Somos los encargados de controlar el día a día. Es necesario que se nos escuche antes de tomar deciones porque, al final, los que van a controlar la apertura de los mercados tradicionales, de los locales, de las playas... somos los ayuntamientos con nuestro personal y nuestras posibilidades”, explica el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela. 

Aunque federación gallega de municipios participa en el comité creado por la Xunta de Galicia para el seguimiento de la crisis sanitaria y la estatal -ambas con mayoría socialista- mantiene un “foro de trabajo permanente” con el Gobierno central, la realidad es que los ayuntamientos afrontan la pandemia como últimos eslabones de una cadena administrativa y con las plantillas y los recursos aún mermados y limitados por las consecuencias de la última crisis económica. “Es fundamental que nos escuchen para que podamos llevar a cabo las tareas que se nos piden”, explica Varela.

Una de las principales preocupaciones de regidores y regidoras es cómo afrontar los gastos extraordinarios que están asumiendo durante el estado de alarma y también los que vendrán, relacionados con la crisis económica y social que se les viene encima y que comienzan ya a notar en el día a día de los servicios sociales municipales. Como herencia de la crisis y la ley de estabilidad presupuestaria del PP, los ayuntamientos tienen restrigido el uso de su superávit a pago de deuda o a llevar a cabo inversiones que no supongan gastos en años siguientes, a grandes rasgos. Una de las medidas del Gobierno central para aliviar estas limitaciones fue establecer que podrán gastar un 20% de ese saldo positivo en ayudas económicas y prestaciones de carácter social, que serán vigiladas de cerca por el Ministerio de Hacienda.

El presidente de los municipios gallegos considera que este es “un paso importante” pero que no debiera ser el definitivo. “Vamos a intentar que sea más porcentaje o la totalidad del superávit porque en estos momentos se incrementan mucho los gastos en políticas sociales y en fomento de la actividad económica” para los consistorios, explica. Aún sin la posibilidad de poner cifras a las previsiones de los ayuntamientos -el personal técnico de la Fegamp está elaborando un estudio de impacto económico-, los alcaldes y alcaldesas tienen claro que “la realidad va a ser difícil por un tiempo”. Por el momento, detectan ya aumentos en las ayudas de emergencia o incrementos en el reparto a domicilio de alimentos y medicamentos a familias vulnerables. “El gasto en políticas sociales de todas las administraciones aumento notablemente en este tiempo y los ayuntamientos somos los que estamos más próximos a los vecinos”, recuerda Varela, que se regidor en Vilagarcía de Arousa.  

Los municipios han afrontado también gastos extraordinarios ligados a la pandemia al margen de las emergencias sociales, como la desinfección intensa de las vías públicas, la compra de mascarillas y otro material sanitario, la habilitación de albergues para personas en situación de calle o incluso líneas propias de ayuda a los autónomos como en Arteixo. Ahora, en la salida hacia una vuelta a la rutina, reclaman que se coordinen los esfuerzos y ayudas y que “se tenga en cuenta que los ayuntamientos van a incrementar sus gastos y a reducir sus ingresos”.

Muchos municipios verán mermada este año su recaudación relacionada con el turismo, así como con las fiestas y festivales de verano y preocupa especialmente el impacto de la crisis sanitaria en el pequeño y mediano comercio. Si la falta de recursos inquieta en los ayuntamientos más grandes, la vida continúa igual en los pequeños y despoblados, ya que buena parte de los fondos que reciben provienen de la Xunta y el Estado y están ligados a criterios de población. Es un buen momento, apunta Varela, para que se fijen factores de corrección relacionados con la dispersión o el tamaño.

Los ayuntamientos son los responsables de vigilar que se cumplan muchas de las medidas del desconfinamiento y la publicación de los detalles con poca antelación por parte del Gobierno molesta a los regidores, como el socialista de Ares que ayer instó al Ejecutivo de Sánchez a “publicar las normas con el tiempo suficiente y bien escritas”.  Los municipio son también los encargados de adaptar las ciudades y pueblos en estas semanas. Carriles peatonales para ganar espacio para los paseos, estudiar ampliaciones de espacio para las terrazas o crear sus propios comités de crisis, como el de Abel Caballero, son algunas de las medidas que llevan a cabo.

Municipios libres de coronavirus

Uno de los primeros alcaldes que solicitó conocer los casos de coronavirus en su municipio fue el popular, José Crespo, que gobierna en Lalín. Pidió un registro anónimo de casos para que lo manejasen los servicios sociales municipales y consideró ridículo mantener la ley de protección de datos durante un estado de alarma. Sin llegar tan lejos, otros alcaldes, como Xosé Lois Piñeiro de A Pobra (Nós Pobra),  reclamaron conocer la situación dentro de su término municipal para poder adecuar las medidas de limpieza y desinfección al estado real de la pandemia en su área.

La Xunta no ofrece datos desagregados por municipios y por área sanitaria -la división que defiende el Gobierno gallego para la gestión de la desescalada- solo da los casos activos en el día. Ni acumulados, ni situación de la presión hospitalaria, ni fallecimientos. Alberto Núñez Feijóo asegura que 140 municipios de la comunidad está libres de coronavirus desde hace, al menos, una semana pero la Xunta no facilita cuáles son. Tampoco a los consistorios. “Hemos tenido bastante peticiones de alcaldes, que se han trasladado a la Xunta pero no los proporcionan por protección de datos”, indica Varela. Los regidores sostienen que esta información facilitaría su tarea, ya que permitiría adecuar la intensidad de los trabajos de dessinfección y medir las posibles necesidades de los servicios sociales.