El exministro Catalá niega que Fomento obstaculizase la investigación del Alvia para culpar al maquinista: “Habría actuado igual”

“Habría actuado exactamente igual”. Así se ha ratificado este lunes en el Congreso, en la comisión de investigación política sobre el accidente del tren Alvia, el entonces secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Rafael Catalá, después ministro de Justicia, cuando varios diputados le recordaron diversas declaraciones y actuaciones suyas que según las víctimas pretendían obstaculizar la investigación del siniestro y focalizar las culpas en el maquinista. Por el contrario, el juez instructor, con el respaldo del fiscal, acaba de proponer juzgar no sólo al conductor sino también a un cargo de Adif como responsables de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional por las muertes de aquel 24 de julio de 2013, cuando el maquinista se despistó y no frenó a tiempo antes de la curva de Angrois sin que existiese ningún sistema de seguridad que lo evitase.

Catalá fue una de las voces del Gobierno del PP que más se prodigó en los medios de comunicación en los primeros días tras el accidente destacando el “incumplimiento” de la velocidad máxima de la curva y la importancia que para esclarecer los hechos tendría la “testificación del maquinista”. También él fue quien facilitó al primer juez instructor del caso la grabación en la que el propio maquinista, Francisco José Garzón, admitía que se había despistado y que no había frenado a tiempo antes de la curva. Además, una de las principales dirigentes de la plataforma de víctimas, la exdiputada autonómica del PP madrileño Teresa Gómez-Limón, desveló que Catalá la había llamado cuando aún se estaba recuperando de sus heridas para pedirle que no fuese tan crítica con el Gobierno.

Posteriormente, Catalá, ministro de Justicia desde 2014, fue temporalmente el máximo responsable también de Fomento de manera interina durante la segunda mitad del año 2016, cuando Ana Pastor pasó de ser ministra a presidenta del Congreso y mientras no se configuró un nuevo Gobierno con un nuevo ministro de esa cartera. En ese puesto de ministro de Justicia con las competencias asumidas de Fomento, Catalá garantizó a las víctimas la colaboración del Gobierno con la investigación del siniestro a pesar de que Adif y Renfe llevaban ya varios años obstaculizando esas pesquisas. Todos esos hechos llevan a las víctimas del accidente a fijar en Catalá parte de la responsabilidad de dificultar que se conociesen los defectos de seguridad que existían en la línea de AVE Ourense-Santiago en la que ocurrió el siniestro más allá del despiste que sufrió el maquinista.

Sobre esas cuestiones incidieron especialmente este lunes en la comisión de investigación los diputados Gabriel Rufián, de ERC, y Alexandra Fernández, de En Marea, con preguntas que el PP consideró injuriosas. Catalá insistió en que su preocupación en aquellos días era atender a las víctimas e incluso “mejorar las prestaciones económicas” de las indemnizaciones que recibirían. “Nunca quisimos anticipar consecuencias ni orígenes ni causas” del siniestro, dijo, asegurando que se limitó a transmitir lo que a su vez le decían los técnicos del ministerio y a “colaborar con el juzgado de instrucción competente para aportarle toda la información desde Renfe o Adif”, algo que esas empresas públicas no siempre hicieron. Tras asegurar que “habría actuado exactamente igual”, Catalá también añadió que “cuando tengamos las conclusiones formales, si toca, no tendré ningún inconveniente en pedir perdón”.

Sobre cómo la grabación del maquinista diciéndole justo tras descarrilar al centro de control que se había despistado llegó tan rápido al juez instructor y a los medios de comunicación, lo que focalizó la atención sobre el conductor y no sobre la falta de seguridad de la línea, Catalá desvió responsabilidades. Según dijo, la orden que dio fue “quien tenga esa información que se la traslade a quien ya está investigando, que es el juez”, y aseguró desconocer cómo acabó llegando también a los medios de comunicación.

Catalá negó también que presionase a la popular Gómez-Limón para que rebajase sus críticas y dijo que sólo habló con ella para interesarse por su situación. “Nada más lejos de mi actitud personal, de mi manera de ser, presionar a nadie”, aseguró.

En la comparecencia, los diputados de ERC y En Marea relacionaron las afirmaciones que en su momento realizó Catalá de que el accidente no había sido del AVE y sus advertencias de que decir eso podía repercutir en contratos internacionales de las empresas españolas del sector con el fichaje del exministro por el bufete Herbert Smith Freehills, que asesora proyectos del alta velocidad. Catalá dice que trabaja para ese bufete con autorización de la oficina del Gobierno que vela por los conflictos de intereses y que no se puede vincular ese hecho con unas declaraciones suyas hace más de cinco años.

La diputada de En Marea también destacó que unas anotaciones incautadas en el caso Púnica en las que aparece el nombre de Catalá relacionarían un contrato del AVE Ourense-Santiago con la financiación del PP. El exministro consideró esa afirmación “una infamia y una calumnia” y destacó que como secretario de Estado de Fomento él “no tenía ninguna competencia en la capacidad de decisión de Adif” a la hora de adjudicar contratos.

Teófilo Serrano, presidente de Renfe con el PSOE, niega ahora que hace cuatro años criticase como poco serios los análisis de riesgos de su empresa

Antes de Catalá, en la comisión también compareció este lunes Teófilo Serrano, que fue presidente de Renfe desde la llegada de José Blanco a Fomento en mayo de 2009 hasta su cese en enero de 2012 por el PP. Serrano dijo que no hubo “ninguna prisa” para poner en servicio la línea Ourense-Santiago, que él no fue conocedor de la alerta sobre el riesgo existente en la curva de Angrois que lanzó un maquinista jefe cuando aún era presidente e incluso negó que hace cuatro años dijese en el Congreso, como así quedó reflejado en las actas, que Renfe no hacía análisis de riesgo serios sobre la seguridad ferroviaria, cuestión considerada clave por la investigación penal del accidente.

Serrano ya compareció en octubre de 2014 en la subcomisión de mejora general del sistema ferroviario estatal creada entonces en el Congreso tras el accidente. Allí, a puerta cerrada, pero según quedó constancia en las transcripciones de las comparecencias, Serrano dijo que Renfe no hacía análisis de riesgos sobre la seguridad ferroviaria de sus servicios. “No hacemos análisis de riesgo más que para los riesgos laborales y de salud del trabajo porque hay una ley por los accidentes, pero esos son los únicos análisis de riesgo que se hacen en serio, para lo demás los análisis de riesgo... Y eso yo creo que hay que mejorarlo bastante, en materia de seguridad ferroviaria estrictamente dicho y en cualquier otra materia”, dijo Serrano en 2014. Sin embargo, este lunes Serrano aseguró que no dijo lo que dijo hace cuatro años cuando habló de la “seguridad ferroviaria” sino que se estaba refiriendo a análisis de los riesgos económicos de las inversiones en la alta velocidad. Serrano también dijo este lunes que “no le correspondía a Renfe hacer análisis de riesgos”.

En el auto con el que hace mes y medio el juez instructor de la causa penal dio por finalizada la investigación, el magistrado hace responsable del siniestro, además del maquinista, al entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, por no analizar correctamente los riesgos de la línea de AVE Ourense-Santiago. A pesar de que la Agencia Ferroviaria Europea considera que esos análisis debieron ser hechos no sólo por Adif sino también por Renfe, el juez levantó la imputación que pesaba hasta ahora sobre el director de Seguridad en la Circulación de esa segunda empresa, Antonio Lanchares, que dimitió poco antes.

A Serrano también se le preguntó por la decisión de cambiar el proyecto original de la línea Ourense-Santiago para evitar que tuviese cambiadores de ancho de vía que demorarían los viajes de los trenes, decisión que acabaría derivando en una modificación de la configuración de seguridad de la línea que dejaría desprotegida la curva de Angrois y cuyo origen el entonces presidente de Adif atribuyó a Renfe, operadora de los trenes. Este lunes Serrano dijo desconocer el origen de esa decisión y la atribuyó a técnicos.

Sobre la alerta del riesgo de la curva que un año y medio antes del accidente, cuando él aún presidía la empresa pública, lanzó un maquinista jefe, Serrano aseguró que él no fue conocedor de esa advertencia e hizo ver que no fue tramitada por los canales reglamentarios. A Serrano también le preguntó la diputada de En Marea Alexandra Fernández si el de Angrois fue un accidente de la alta velocidad, como se había promocionado originalmente la línea y el tren y negó posteriormente el Gobierno. “No quiero responderle”, fue su contestación. Serrano también se desvinculó de la puesta en servicio del tren Alvia híbrido eléctrico y diésel que tuvo el accidente, recordando que él encargó su creación pero que fue puesto en servicio y supervisado para su homologación después de que él dejase el cargo, ya durante el Gobierno posterior del PP.

Mario Garcés, subsecretario de Fomento con el PP, niega injerencias en la investigación oficial, invalidada por la justicia y la UE

Este lunes también compareció en la comisión Mario Garcés, subsecretario de Fomento con el PP cuando ocurrió el accidente, que argumentó que sus competencias se limitaban a coordinar administrativamente los diversos departamentos y organismos dependientes del ministerio. Entre ellos estaba la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que un año después del siniestro hizo único responsable del mismo al despiste que sufrió el maquinista y cuyo informe fue invalidado tanto por la instrucción judicial como por la Agencia Ferroviaria Europea por su falta de independencia y por su contenido incompleto. Garcés aseguró este lunes que “nunca, nunca, por parte de este subsecretario ni de ningún miembro del ministerio de Fomento hubo ninguna injerencia en la actuación de la CIAF”.

El exsubsecretario también insistió en que posteriormente se modificó el funcionamiento de la CIAF para garantizar su independencia y que eso impidió, y sigue haciéndolo, que el Gobierno le pudiese ordenar reabrir la investigación técnica, como insiste en reclamar la UE y rechaza la propia comisión de investigación.

Tras las intervenciones de este lunes, ya sólo restan por comparecer en la comisión de investigación los exministros de Fomento José Blanco y Ana Pastor, el socialista en el cargo cuando se puso en servicio la línea de AVE Ourense-Santiago y se redujo la seguridad en las vías y la popular cuando ocurrió el accidente tras reducirse también la seguridad en los trenes Alvia y durante los primeros años de su investigación.