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El fiscal apoya al juez instructor en su acusación a un cargo de Adif como responsable de homicidios en el caso Alvia

El exdirector de Seguridad de Adif imputado, Andrés Cortabitarte, abandona el juzgado de Santiago en presencia de víctimas del accidente de Angrois

David Reinero

El fiscal que lleva el caso del accidente del tren Alvia en Santiago, en el que el 24 de julio de 2013 murieron 80 personas, ha rechazado diversos recursos presentados por las partes contra la propuesta del juez instructor del caso de dar por finalizada ya la investigación y llevar a juicio al entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, y al maquinista del tren, Francisco José Garzón. Las defensas de los dos imputados pedían el archivo de la causa contra ellos mientras que las víctimas reclamaban aumentar los acusados, y ahora el fiscal se pronuncia en contra de esas dos opciones. El fiscal, Mario Piñeiro, jefe de la fiscalía en Santiago, secunda así de momento la propuesta del juez a la espera de presentar su propio escrito de acusación contra el cargo de Adif y el maquinista.

A comienzos del pasado diciembre el juez instructor del caso propuso dar por finalizada la investigación penal y abrir juicio contra el maquinista y el cargo de Adif, el primero por despistarse y no frenar a tiempo antes de la curva de Angrois sin que hubiese activo ningún sistema que evitase o paliase su previsible error humano, defectos de los que considera responsable al segundo. En su auto, el instructor equiparó la actuación de Cortabitarte a la del conductor, por lo que considera a los dos responsables de ochenta delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y de 144 delitos de lesiones por el mismo tipo de imprudencia.

A aquel auto respondieron los abogados defensores del maquinista y del cargo de Adif intentando exculpar sus defendidos así como abogados de las víctimas intentando extender las responsabilidades también a Renfe. Ahora el fiscal se pronuncia en contra de esos recursos, a la espera de que él mismo formule su propio escrito de acusación a lo largo de las próximas semanas, según varias fuentes consultadas por este diario. En un escrito de sólo cinco folios, el fiscal se limita a avalar los argumentos de juez de que hay indicios suficientes de que Cortabitarte no cumplió con su obligación de “garantizar que la línea era segura” al igual que el maquinista tampoco lo hizo con su “deber más fundamental: una conducción atenta”.

La instrucción del accidente de Angrois ya se dio por finalizada otra vez en el pasado con otro fiscal al frente, Antonio Roma, que a comienzos de 2016 propuso juzgar sólo al maquinista como único responsable penal del accidente tras rechazar en diversas ocasiones analizar otras responsabilidades. Roma dejó el puesto a mediados de 2017 y la causa fue asumida por Piñeiro, que ha mostrado un mayor interés por investigar responsabilidades más allá del maquinista.

El auto con el que en diciembre el juez dio por finalizada la fase de instrucción puso el foco en la falta de evaluación de riesgos de la línea previa a su inauguración en 2011 y de la desconexión del sistema de control de la velocidad a bordo de los Alvia en 2012, un año antes del siniestro, pedida por el director de Seguridad de Renfe, Antonio Lanchares, y que fue autorizada por Cortabitarte en unas pocas horas. Según el juez, Cortabitarte, igual que no evaluó el riesgo de la línea antes de autorizar su puesta en servicio, también “autorizó dicha desconexión sin previamente realizar una evaluación del riesgo que tal desconexión pudiera comportar para la seguridad en la circulación”.

Una vez presentados los escritos tanto de las partes personadas como de la Fiscalía, la Audiencia Provincial de A Coruña deberá decidir si la propuesta del juez instructor de convocar ya el juicio va adelante o si, como ya había hecho en 2016, ordena investigar alguna otra cuestión concreta de un caso que en los cinco años y medio que han pasado desde que se produjo el accidente se ha visto entorpecido por diversas ocultaciones de Adif y Renfe y por la lentitud del sistema judicial.

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