Galicia se piensa el voto del que depende la cuarta mayoría de Feijóo

Galicia decide este domingo si Alberto Núñez Feijóo iguala a Manuel Fraga en el restringido club de políticos con cuatro mayorías absolutas consecutivas a sus espaldas. En el imaginario gallego, tras casi 40 años de autonomía, al exministro de Franco se le atribuye cierto carácter de 'presidente eterno' y prácticamente se ha borrado de la memoria que en 2005 perdió unas elecciones frente al pacto que entonces firmaron el PSOE gallego y el Bloque Nacionalista Galego. De aquella derrota surgió el liderazgo de Feijóo, que en 2009 se haría por primera vez con el despacho de mando de la Xunta de Galicia. El candidato del PP llegó al poder con 48 años y ahora pretende volver a hacerlo a punto de cumplir los 60. Las urnas deciden este domingo entre otra presidencia de Feijóo o un gobierno a tres de PSOE, BNG y Galicia en Común.

De la cita electoral depende también el nuevo statu quo de la izquierda gallega. Gane o pierda Feijóo, los movimientos en este ámbito se dan por seguros. El Bloque Nacionalista Galego acude a las urnas en clara recuperación, con Ana Pontón como candidata y amenazando la posición del PSOE como segunda fuerza en el Parlamento de Galicia. El espacio heredero de las mareas afronta el proceso con tendencia a la caída. La entrada de Podemos en el liderazgo de la candidatura, con Antón Gómez-Reino al frente, no parece haber servido para convencer a los votantes. Ninguna encuesta les da por encima de 8 diputados. En Marea obtuvo en 2016 14 asientos.

Los equilibrios políticos de Galicia obligan al Partido Popular a buscar la mayoría en cada contienda. Feijóo encaró la campaña electoral, inicialmente encaminada al cinco de abril, aferrado al sistema clásico que Fraga había inventado muchos años atrás y cuya receta consistía en la unión de política y Xacobeo. La maquinaría de poder asociado al PP de Galicia tenía todo dispuesto para repartir los cientos de millones de euros de inversión previstos en la celebración del Año Santo 2021. La aparición del coronavirus hizo saltar por los aires el plan y Feijóo acabó suspendiendo las elecciones con un movimiento al margen de cualquier norma legal escrita pero que contó con el apoyo de los partidos de la oposición.

Mientras Galicia también se confinaba, el candidato a la reelección se lanzó a una carrera para ocupar todo el espacio político. Interrumpió la emisión de la Televisión de Galicia para comparecer en directo en más de 30 ocasiones. La excusa de la pandemia era perfecta. Feijóo, con sus competencias limitadas durante el estado de alarma, entró en los hogares gallegos gracias a una televisión que controla con mano férrea. No faltaron en sus intervenciones críticas constantes, a veces veladas, a la actuación del mando único impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Paradójicamente la gestión de una gran crisis sanitaria, que en su primera ola tuvo en Galicia una baja afectación, le ha servido al candidato del PP para darle la vuelta a las críticas que durante años han recibido sus políticas de recortes sanitarios. Las protestas por el cierre de un paritorio en la localidad ourensana de Verín se acabarían convirtiéndo en un símbolo de una parte de la sociedad gallega que se plantó ante el perfil de 'gran gestor' que a Feijóo le gusta airear a la mínima oportunidad. Las elecciones también responderán a esa pregunta: ¿con qué modelo afrontará Galicia las siguientes oleadas de coronavirus que los expertos ya anuncian y cuyos rebrotes afectan ya a la costa de Lugo?

La campaña gallega no ha servido, sin embargo, para contraponer proyectos ni modelos de gestión. Por no hablar de la precampaña, que solo ha tenido como protagonista a Feijóo, repitiendo hasta la saciedad que las elecciones no le preocupaban y que su misión consistía única y exclusivamente en salvar vidas. A pesar de su insistencia en lo anterior, el candidato del PP volvió a convocar las elecciones sin haber abandonado el estado de alarma y contra el criterio de toda la oposición que le acusó de irresponsable. Pese a la sensación general de que la victoria está asegurada para Feijóo el miedo se ha impuesto en sus filas frente al fantasma de la abstención. Durante última semana de campaña solo se han escuchado dos mensajes en Galicia: el del PP, que votar es más seguro que ir a comprar una barra de pan. El de la oposición, que unas elecciones en estas condiciones son un atentado contra los derechos democráticos y sanitarios de los ciudadanos.

Pese al pretendido debate único sobre el virus, la realidad se hizo un hueco en campaña cuando la multinacional Alcoa, dedicada a la producción de aluminio, anunció a finales de mayo su intención de despedir a casi 600 trabajadores en San Cibrao (Lugo). Con el 84% de la plantilla encaminándose a la cola del paro, previo paso por las manifestaciones de protesta, todos los actores en la contienda política intentaron arrimar su discurso a ese desastre laboral. El PP gallego intentó culpar al ejecutivo de Pedro Sánchez y eligió a un joven diputado gallego para llevar el asunto a la sesión de control al Gobierno del Congreso. Diego Gago, presidente de Nuevas Generaciones del PP, fue el encargado de lanzar el ataque. El objetivo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Gago no sabía al iniciar su intervención que esa tarde se convertiría en trending topic, no por sus palabras sino por la respuesta de la ministra recordándole que las competencias en materia de Industria son exclusivas de la Xunta y enumerando todas las factorías gallegas que han echado la persiana con Feijóo al mando: “Alcoa, Vulcano, Barreras, Poligal, Isowat, R, Caramelo, Tesolar, Viriato, Alfajeme, Conservas Cuca...”.

La crisis de Alcoa pasó por la campaña sin que nadie ofreciese una solución al conflicto. El BNG pidió la nacionalización de la empresa y todos estuvieron de acuerdo, el PP incluido, en la necesidad de que el Gobierno central controle de algún modo a las empresas a las que nutre de ayudas públicas. El debate se quedó en eso. No hubo en el Boletín Oficial del Estado ni una sola novedad al respecto.

70.000 ciudadanos confinados

El tramo final de campaña ha tenido su epicentro en A Mariña (Lugo), el único lugar en el que no ha habido políticos dando mítines. La irrupción de un rebrote de COVID-19 contagió en esa comarca a más de 200 personas y la Xunta se vio obligada a confinar a más de 70.000 ciudadanos. Todos los partidos que le habían dicho a Feijóo que volver a convocar las elecciones era una irresponsabilidad empezaron a decir que los comicios no se podían celebrar, al menos en la zona afectada por el brote. El candidato del PP se mantuvo firme y como en cada requiebro de este proceso, encontró el apoyo constante de la Junta Electoral que en resolvió que Galicia cuenta con “condiciones adecuadas para votar”.

Todas las miradas están ahora puestas en la movilización del electorado y la gran duda se sitúa en torno al efecto que el miedo a los contagios pueda tener entre los votantes de mayor edad, tradicionalmente asociados a posiciones conservadoras. Además de lo anterior, las medidas de prevención puestas en marcha han obligado al cambio de ubicación de muchos colegios electorales, sustituidos por edificios de mayor tamaño en donde la distancia social y las garantías sanitarias son más fáciles de cumplir. En los portales de los edificios de las principales localidades abundan los carteles informando del cambio y no todos están satisfechos. Así lo resume una vecina del ensanche compostelano: “Antes votábamos aquí al lado y ahora tenemos que ir hasta la Facultad de Políticas. Ya te digo que en este edificio nadie va a ir tan lejos”.