Tras 17 años incumpliendo la normativa europea, Gobierno y Xunta inauguran la depuradora de Vigo
En 1991 la Unión Europea aprobó una Directiva que obligaba a que las aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes contasen con sistemas de tratamiento de sus aguas residuales “a más tardar, el 31 de diciembre del año 2000”. Este martes, más de 17 años después, el Gobierno central y la Xunta inauguraron la nueva depuradora de Vigo que permitirá al fin que la principal ciudad gallega cumpla con esa obligación. Sin embargo, y a pesar de la amenaza recurrente de sanción por parte de la UE, aún habrá que esperar para que pase lo mismo en otras varias aglomeraciones urbanas de Galicia.
El discurso de las autoridades presentes este martes en Vigo, en la nueva planta de tratamiento junto a la desembocadura del río Lagares, obvió ese retraso y se centró en elogiar la inversión de 210 millones de euros realizada en la nueva estación depuradora de aguas residuales (Edar), cifra que aumenta en varias docenas de millones más si se tienen en cuenta otras actuaciones complementarias. “Demostramos que tanto la Xunta como el Gobierno central cumplimos con la depuración de Vigo”, llegó a decir este martes el presidente Feijóo.
La realidad es que tras la aprobación en 1991 de la Directiva europea sobre las aguas residuales, los pasos que ha ido dando Galicia han sido insuficientes para cumplirla. En el caso de Vigo, donde hoy se levanta la inaugurada este martes se construyó una primera depuradora puesta en servicio en 1997 y ya desde ese momento insuficiente. En 2001 se amplió, pero siguió siendo insuficiente para tratar todas las aguas residuales de la ciudad y sus vertidos a la ría sin depurar fueron constantes.
En esos primeros años del siglo varias inspecciones europeas alertaron de la gravedad de unos vertidos, tanto en Vigo como en otros puntos de Galicia, que se estaban produciendo en aguas, las de las rías gallegas, que se emplean para la producción de alimentos para consumo humano. El Gobierno central entonces presidido por José María Aznar obvió la situación, lo que llevó a la Comisión Europea a proponer una sanción por incumplimiento contra España.
En 2011 el Tribunal de Justicia de la UE ratificó ese incumplimiento y certificó que una década después, entre otros puntos de España, no se estaba cumpliendo la Directiva sobre saneamiento de aguas en Vigo, A Coruña, Santiago, Tui, Baiona, la margen norte de la ría de Arousa, Noia, Cariño y Viveiro. Pero la Comisión pasó en ese momento a contentarse con las justificaciones que le fue dando el Gobierno central de que ya se estaba trabajando para mejorar la situación y fue retrasando la sanción. Al tiempo, en los comicios europeos de 2014, el PP llegó a elevar a propuesta electoral no el cumplimiento de la normativa sino que su incumplimiento no implicase sanciones.
En el caso de Vigo esa amenaza constante de sanciones europeas no impidió que Gobierno central y Xunta, las dos administraciones responsables principales de la financiación de la nueva depuradora, tropezasen en sucesivas discrepancias, que se produjeron incluso en los períodos en que las dos administraciones estuvieron gobernadas por los mismos partidos y que fueron retrasaron el proyecto. El resultado fue que la construcción de la nueva depuradora no se inició hasta 2012 y su plazo de ejecución de dos años casi se triplicó.
La nueva planta permitirá la depuración de la gran mayoría de las aguas residuales de la ciudad, pero el propio Feijóo admitió este martes de manera implícita que en el resto de la ría quedan actuaciones pendientes para mejorar la calidad de las aguas, en particular en el fondo de la misma, en la ensenada de San Simón. Y lo mismo pasa en varias zonas del resto de Galicia, como la propia capital, Santiago, o en varias partes de la ría de Arousa, o en la de Ferrol, o en la de O Burgo, o en Viveiro...
