Un juzgado abre diligencias por delito ambiental por daños reiterados a ríos de las obras del AVE gallego
El juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Verín (Ourense) ha decidido la apertura de diligencias previas por la posible existencia de delito contra el medio ambiente en los reiterados vertidos y daños al río Támega y sus afluentes provocados durante años por las obras de construcción del AVE entre Galicia y la Meseta. La investigación judicial se abre tras una denuncia del sindicato CIG que incluyó entre los datos aportados al juzgado los desvelados hace unas semanas por Praza.gal sobre las sanciones de reducido importe impuestas por las confederaciones hidrográficas del Miño-Sil y del Duero (esta última competente sobre el Támega) a las constructoras del AVE por daños reiterados durante años a los ríos que atraviesa la línea de alta velocidad.
El 12 de junio Praza.gal desveló que desde 2011 la Confederación del Miño-Sil ha impuesto un total de 24 sanciones por todo tipo de daños a ríos a las constructoras del AVE. Las multas suman un total de 48.000 euros, a un promedio de 2.000 euros por sanción, apenas el 0,001% de unos trabajos que se aproximan a los 2.000 millones de euros. Tras esa publicación, este diario logró que la Confederación del Duero desvelase también sus datos, publicados cuatro días después, el 16 de junio, y similares: 18 multas desde 2011 que suman 30.000 euros, a 1.650 euros por multa. En total, las dos confederaciones impusieron desde 2011 42 multas por un total de 78.000 euros, a menos de 2.000 euros por sanción.
Estos datos, junto con otros daños detectados en los últimos tiempos por diversas administraciones al río Támega, fueron incluidos en una denuncia que el sindicato CIG formuló el 23 de junio ante los juzgados de Verín. En particular, el sindicato destacaba la reiteración de daños al Támega y sus afluentes detectados en los términos municipales de Laza y Verín durante los últimos años y denunciados en declaraciones públicas por los alcaldes de los dos municipios.
Tras analizar esa denuncia, el pasado día 9 de julio el citado juzgado de instrucción número 2 emitió un auto en el que señala que “los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente”, por lo que acuerda “instruir diligencias previas” para determinar “la naturaleza y circunstancias de tales hechos” y “las personas que en ellos intervinieron”. Para eso, solicita diversa documentación a la Confederación del Duero, el Seprona o Adif, pero limita el período de investigación a los años 2016, 2017 y 2018.
