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Sólo 48.000 euros en multas a las constructoras del AVE gallego por dañar ríos durante años con obras de 2.000 millones

Visita de Rajoy y la entonces ministra Ana Pastor a las obras del túnel de Prado el 19 de agosto de 2015, cuando sus adjudicatarias ya habían cometido dos infracciones

David Reinero

Las empresas constructoras de la línea de AVE entre Galicia y la Meseta han recibido desde 2012 un total de 24 sanciones de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil por dañar ríos con sus trabajos que se concretaron en multas que suman un total de sólo 48.000 euros. Los 2.000 euros de media por sanción suponen el 0,001% del importe total de unas obras que se aproximan a los 2.000 millones de euros de inversión solo en esos tramos que suman un centenar de kilómetros en el centro de la provincia de Ourense. Así lo reflejan los datos oficiales a los que ha tenido acceso Praza.gal a través de una petición de transparencia. Mientras que la Confederación del Miño-Sil sí ofreció un listado detallado de esas sanciones, la Confederación del Duero, competente en parte de los ríos afectados por las obras tanto en la provincia de Zamora como en el este de la de Ourense, mantiene ocultos sus datos. Además, no todos los efectos producidos por las obras del AVE sobre los ríos han acabado en sanción.

Este diario formuló una petición de transparencia al Ministerio de Medio Ambiente que fue a su vez remitida a las confederaciones hidrográficas del Miño-Sil y el Duero. Mientras que la primera contestó con los datos que a continuación se detallan (en el documento y en el mapa elaborado a partir de él incluidos en esta información), más de dos meses después, y a pesar de las advertencias de este diario, la Confederación del Duero no lo ha hecho, superando así tanto el plazo inicial de un mes previsto en la normativa como el de una posible ampliación a dos meses también contemplada pero que tampoco ha sido comunicada. En 2014 esa misma confederación del Duero admitía la existencia ya entonces de una decena de expedientes sancionadores (en aquel momento la del Miño-Sil llevaba una docena).

En los datos sí facilitados por la confederación Miño-Sil puede comprobarse que la mayoría de los daños causados por las obras del AVE en esa demarcación a lo largo del centenar de kilómetros del centro de la provincia de Ourense que atraviesa la nueva línea son vertidos de lodos, hidrocarburos u otros contaminantes, pero también desvío de los ríos y captaciones de agua sin permiso. En un caso un tramo de un río ha desaparecido por completo a lo largo de varios cientos de metros tras una obra iniciada sin permiso.

Las sancionadas son una decena de uniones temporales de empresas (UTE) formadas por más de una veintena de constructoras entre las que están todas las principales del sector en España y que han tenido que afrontar 24 sanciones que suman cerca de 48.000 euros de multas y de 12.400 euros en reposición de daños. Los 2.000 euros de media por sanción suponen sólo el 0,001% del importe de unas obras que se desarrollan divididas en varios tramos a lo largo de un centenar de kilómetros a partir del límite de las provincias de Zamora y Ourense, que fueron licitadas por unos 2.200 millones, adjudicadas entre 2011 y 2012 (cuando comienzan las sanciones) por unos 1.600 millones pero que posteriormente sufrieron sobrecostes que volvieron a elevar esa cifra.

Como en esa zona de Ourense el Ministerio de Fomento fue adjudicando por separado la construcción, dentro de cada tramo, de cada una de las dos plataformas paralelas, una para cada vía, que conforman la línea del AVE entre Galicia y la Meseta, y la confederación Miño-Sil comete errores en los nombres de las UTE y no siempre identifica de manera correcta cada sanción y si recayó sobre las obras de la vía derecha o de la izquierda, no siempre es posible saber qué constructoras concretas fueron las sancionadas. Incluso podría pasar en caso alguno que la confederación identifique con nombres distintos a UTE y empresas responsables de una misma obra sancionada en varias ocasiones.

En todo caso, con esos datos incompletos facilitados por la confederación puede comprobarse que dos constructoras recibieron hasta cuatro sanciones. La mayoría de las multas se concentran en los ayuntamientos de A Gudiña y Castrelo do Val (8 sanciones en cada término municipal), seguidos de Vilar de Barrio (3), Vilariño de Conso (2), Baños de Molgas (2) y Xunqueira de Ambía (1). En cuanto a los ríos o riachuelos afectados, destacan el arroyo Foxo Vello y el arroyo de Valcovo, los dos en Castrelo do Val y los dos con tres sanciones cada uno.

En la mayoría de los casos, las multas tardan un año entre la fecha de la incoación del expediente y la de la resolución. Además, según admiten inspectores consultados, la dispersión de las obras del AVE, en lugares de difícil acceso y poco poblados, impide que estos lleguen a tiempo de comprobar todas la irregularidades cometidas.

Sanciones y omisiones significativas

La sanción más elevada fue una impuesta en agosto de 2017 por unos hechos de un año antes a la UTE Túnel O Cañizo, de 16.534,45 euros de multa más 8.267,23 euros por daños, por “incumplir los parámetros autorizados de vertido, causando daños al dominio público hidráulico” en el arroyo del Val da Xoana, en A Gudiña. Una de las sanciones más llamativas, desvelada en 2014 por El País, pero sólo la tercera por su importe, fue la que se impuso a la UTE Portocamba, de 7.588 euros, por el “desvío y entubamiento del cauce Foxo Vello, causando daños al dominio público hidráulico, en Campobecerros”. El río desapareció por completo a lo largo de varios cientos de metros.

Además de estos datos facilitados por la Confederación del Miño-Sil, y a pesar de la ocultación actual de sus datos por parte de la Confederación del Duero, ella misma admitía en 2014 que ya entonces llevaba abiertos, en su área de competencia del sudeste de Ourense y Zamora, una decena de expedientes sancionadores (en aquel momento la del Miño-Sil llevaba una docena). Las denuncias, sin embargo, son muchas más, pero no todas acaban en sanción a pesar de que sí se produjese un efecto comprobado de las obras sobre los ríos. En aquel 2014 la Plataforma Ciudadana Ríos Limpios había denunciado los colores naranja, marrón y gris que presentaba el río Támega a su paso por Verín (las denuncias en ese ayuntamiento han sido múltiples y reiteradas). La contestación que les dio la Confederación del Duero fue la de explicarles el origen de los colores del agua: el naranja por la “fuerte carga de óxido de hierro” de la geología de la zona, el marrón por “arrastres” provocados por la lluvia de aquellos días y el gris “sí que proviene de las obras del AVE, pero por el mismo motivo, cuando llueve mucho se producen arrastres de los caminos de acceso a los distintos tramos de las obras”. A pesar de admitir ese efecto de las obras del AVE sobre el río, la Confederación del Duero argumentaba que “en base a lo expuesto, no procede la incoación de expediente sancionador”.

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