El Tribunal Superior condena a la Diputación de Pontevedra a reconocer relación laboral con sus becarios

Existía una relación laboral entre 38 becarios y la Diputación de Pontevedra. Así lo acaba de confirmar el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en dictamen que ratifica una sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Pontevedra. El documento señala además otras deficiencias del ente provincial en la materia: “el descontrol en materia de becas”, la ausencia “de programa formativo” o que no exista para los demandantes “más formación que efectuar las tareas encomendadas”.

La denuncia partió de una inspección de la Seguridad Social. Entre agosto y octubre de 2018, el instituto público visitó diversos departamentos de la institución dentro de una campaña del Gobierno central para el “control de las relaciones no laborales de empresas y becarios”. Los inspectores entraron en oficinas, en el Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico, en una estación fitopatológica en Areeiro (Pontevedra) o en dos centros de compostaje en la ciudad. En todos ellos detectó becarios realizando trabajos “con total autonomía y solos”.

“En el momento de la visita no estaba presente ninguno de los tutores asignados [...] y los becarios manifestaron que era normal que los becarios antiguos formasen a los nuevos y creasen protocolos científicos”, dice el fallo del Superior en referencia a la estación de Areeiro. Parecidas observaciones se realizan sobre las otras secciones inspeccionadas por la Seguridad Social. Sobre el archivo, se recogen declaraciones de una empleada no becaria según las que “el trabajo que hay ahora no es asumible por dos trabajadores” y que, “desde los años 80 se han ido sucediendo becarios” y solo “contrataciones puntuales”.

“Es evidente que la beca aquí no tiene otra finalidad más que la de intentar asumir una carga de trabajo superior a la que pueden soportar los trabajadores”, afirma el dictamen del Superior al recoger la documentación recabada por los inspectores de la Seguridad Social. Estos también certificaron los salarios de los afectados, entre los 800 y los mil euros brutos, y la duración de sus becas, anual y prorrogable hasta cuatro años. La extensión se hacía de forma automática si la persona interesada así lo solicitaba.

El Juzgado de lo Social de Pontevedra falló, y ahora lo confirma el Supremo, que “se declara la naturaleza laboral de la relación jurídica que vincula a la Diputación de Pontevedra con los trabajadores relacionados en la relación nominal anexa al acta”. No detalla las consecuencias de la sentencia, pero el ente provincial deberá ahora abonar los salarios y las cotizaciones correspondientes a todos los meses que los trabajadores han estado ejerciendo funciones que, como becarios, no les correspondían.