El PP sigue adelante en solitario con la ley que le pasa pacientes del Sergas a la privada
Criticada por la oposición al completo, por los sindicatos y por colectivos profesionales del Sergas, pero también por el Consejo Económico y Social. Incluso la Asesoría Jurídica de la Xunta, designada por el propio Gobierno, expresó dudas sobre la Ley de Garantías de Prestación Sanitaria, la norma presentada por el gabinete de Alberto Núñez Feijóo como la garantía de que nadie vaya a esperar más de lo debido por una intervención quirúrgica o una consulta pero que, en la práctica, supone el sustento para un trasvase masivo de pacientes del Servizo Galego de Saúde a la sanidad privada. Este martes se debatían en el Parlamento las enmiendas a la totalidad del texto, presentadas por la oposición, y el PP hizo valer el rodillo de la mayoría absoluta para seguir adelante con su plan, tras una intervención de la consejera de Sanidad, Rocío Mosquera, en la que apeló a “sacar del debate político” cuestiones como las listas de espera y glosó las bondades de su proyecto.
“Un día van a llegar aquí diciendo, como hacía el dictador, que no nos metamos en política”, ironizó la portavoz del BNG, Montse Prado, convencida de que la ley es una “invitación” en toda regla para que “las personas enfermas vayan a la sanidad privada”, ya que cuando esté en vigor, el Sergas dará opción de acudir a un hospital privado si, por ejemplo, no realiza una operación en menos de sesenta días. “Están intentando hacer un cambio de modelo de sanidad pública hacia uno donde la privada se pone en igualdad de condiciones”. Pero lo hacen “por la puerta de atrás”, con “cobardía”, lamenta.
También la portavoz de AGE, Eva Solla, ve “muy peligrosa” esta nueva ley, presentada por Feijóo como fruto de su propia “convicción personal”. Para la parlamentaria de Alternativa el proyecto no sólo es “privatizador, sino que además presenta como ”libertad de elección“ de centro sanitario la apertura de la puerta a que ”los pauperizados centros públicos compitan por los clientes, puro mercadeo con el dinero de todos“ que, finalmente, augura, dará en beneficiar a la privada. ”Pero los únicos números que les interesan son los del dinero“ y no los de unos ”tiempos máximos de espera imposibles de cumplir con las inversiones actuales“, algo que ”decimos nosotros“ y ”también dijo el Consejo Económico y Social“.
Como sus homólogas de Alternativa y del Bloque, la portavoz sanitaria del PSdeG, Carmen Acuña, alerta de la “nueva magia del presidente” que se esconde tras esta ley. “¿Cómo van a rebajar la espera a la mitad sin añadir más dinero, más profesionales y más medios?”, se pregunta Acuña, para quien una ley de garantías no es el vehículo adecuado para “atacar lo más sagrado, la universalidad de la asistencia sanitaria” por la vía de “equiparar por ley la sanidad pública y la privada, sea concertada o no”. Hasta la Asesoría Jurídica del Ejecutivo “tuvo que recordarles que no se trata del derecho a la salud, sino del derecho a la asistencia sanitaria pública, una vergüenza”, afirma.
En este contexto el único defensor de la ley fue el portavoz del PP, Miguel Santalices, para quien este es el proyecto “de más calado de toda la legislatura” por elevar a rango de ley el cumplimiento de unas listas de espera que, al contrario que la consejera, no considera que deban quedar fuera del debate. “Yo utilicé mucho la lista de espera [contra el bipartito], no saben ustedes lo que la utilicé”, admite el conservador, para quien “lo que quiere expresar la consejera” no es “que no se pueda utilizar” en los debates, sino que “le demos el tratamiento normal”.
