El PP, contra todos en defensa de las diputaciones
Ni tomada en consideración. Como era de esperar, la proposición de ley con la que el BNG quería iniciar el camino del fin de las diputaciones descarriló en los primeros metros de su trámite parlamentario. Lo hizo al batir con la mayoría absoluta del PP, aunque esta vez sólo contra ella. Al contrario de lo que había sucedido en otras ocasiones, esta vez los conservadores se han quedado solos en la defensa de las instituciones provinciales. Donde el Bloque ve una “herramienta para consolidar el clientelismo y el caciquismo” el PP observa la “garantía de un nivel mínimo de prestación de servicios” en los pequeños ayuntamientos. Quienes las utilizan “con fines partidistas”, dice la portavoz popular, Paula Prado, son el resto de formaciones políticas.
Los populares enviaron a una de sus parlamentarias de discurso más duro para argumentar ahora que “socialistas y nacionalistas apoyan ahora la supresión definitiva de las diputaciones” -AGE también la apoya- porque “perdieron casi todas las que gobernaban en España”. “Hacen política a golpe de escrutinio”, acusa, aunque también admite que el propio BNG ya defendió una iniciativa semejante en mayo de 2010, aunque con ciertos “cambios” en su exposición de motivos. Pero, a su juicio, el verdadero “cambio” está en que “hubo unas elecciones municipales” en 2011 y otras autonómicas en 2012, “en las que el BNG llevaba en su programa eliminar las diputaciones y ahora tienen la mitad de representación de la que tenían antes de hacer esa propuesta -los nacionalistas tenían 12 escaños y ahora, siete-”.
En síntesis, para el PP el descrédito de las diputaciones es “un debate artificial, que no está en la calle” y la iniciativa nacionalista sólo busca apropiarse de competencias de la legislación básica del Estado, ahora también con el apoyo de un PSdeG sin “modelo de arquitectura institucional” y por eso frena a las primeras de cambio una iniciativa con la que, dice el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, se dotaría de “más recursos a los ayuntamientos, que son las instituciones más próximas a los ciudadanos” con “pasos hacia la desaparición de unas instituciones obsoletas” y “caducas”.
“¿Son eficaces unas instituciones que destinan gran parte del presupuesto a gasto corriente? ¿Son eficaces administraciones que apenas tienen capacidad de generación de ingresos?”, se pregunta Jorquera, que a pesar de ser consciente de que la desaparición definitiva requiere una reforma de la Constitución, reclama poner el primer escalón para la reforma de la administración local de Galicia“, en la que deben desaparecer fenómenos como la Diputación de Ourense, en el que el ”80%“ del presupuesto es ”para mantener el propio tinglado mientras el PP se dedica a enchufar sus amigos“. La clave, dice, es elegir entre un modelo administrativo ”ajeno a Galicia“ y ”una ruptura democrática con un proceso constituyente en Galicia que dote al pueblo gallego de soberanía con capacidad para decidir sobre sus asuntos y su relación con los otros pueblos“.
Apoyo de PSdeG y AGE
Frente al rechazo frontal del PP, el PSdeG apoyó la proposición del BNG “por coherencia con lo ya manifestado en el Congreso de los Diputados” pero también “por democracia”, en palabras de la diputada Beatriz Sestayo. “Es normal que todos los temas de trascendencia para este pueblo sea posible debatirlos con profundidad” y no bloquearlos con una “utilización perversa de la mayoría”. El debate suscitado por el BNG es “oportuno”, afirma la parlamentaria socialista, porque el PP está acometiendo una reforma“ local ”contraria a todo lo que debería aspirar cualquier sociedad democrática“, una de las ”reformas más reaccionarias de la historia de la democracia“ que incluso contradice lo que el PP apoyó durante la elaboración de la frustrada reforma estatutaria, cuando todos los grupos ”estábamos abiertos a la modificación y supresión de las diputaciones“. Pero aquel plan fue ”boicoteado por el actual presidente ausente“, en referencia a Feijóo.
También la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, mostró su concordancia con el proyecto, por oponerse a la “recentralización” que, dice, impulsa el PP, además de buscar frenar “el caciquismo y las corruptelas”. Si el “objetivo real” del PP fuera racionalizar el gasto público “deberían empezar podando la Administración por las diputaciones, que no sirven para nada más que para seguir enredando y haciendo negocio el PP”. La posición de los conservadores sólo obedece a la pretensión de “garantizar un sistema clientelar y corrupto”, más aún porque, al mismo tiempo, pretender reducir el Parlamento. “Empiecen por las diputaciones, que tienen bastante trabajo que hacer -insta Díaz- y no metan la tijera en el único órgano formalmente democrático”. Finalmente, un grupo contra tres y 41 votos contra 34.
